El fiscal general Tarek William Saab rechazó este jueves 16 de septiembre, el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, donde se aseguró que el sistema judicial venezolano está “comprometido” con graves violaciones a los derechos humanos.
“Rechazamos el supuesto informe de una comisión ad hoc pagada por el Grupo de Lima que ataca al sistema de justicia venezolanos y los fiscales; quienes afrontamos a diario el asedio y exponemos nuestra integridad por mostrar cómo se deben hacer las cosas”, dijo en una transmisión por Venezolana de Televisión desde el Ministerio Público.
El fiscal general acusó al Grupo de Lima de pagar cinco millones de dólares estadounidenses (USD) a los miembros de dicha Misión Internacional Independiente de los Hechos de Naciones Unidas con el objetivo de “ofender la labor de los fiscales y jueces del sistema de justicia y del Ministerio Público”.
“Rechazamos el informe de la mencionada comisión que mancilla la imagen de nuestros funcionarios. A pesar de la pandemia seguiremos trabajando día a día en pro de los derechos humanos”, agregó.
Para Saab, no es casualidad que el texto de la ONU aparezca cuando “el país avanza hacia el diálogo y la resolución de diferencias a través del voto”.
“Todo lo que hemos hecho nosotros para imponer acciones judiciales oportunas ante violaciones de DD.HH. revela la necesidad de justicia de esta institución. Dudo que en los países del Grupo de Lima puedan decir lo mismo”, argumentó el fiscal.
Subrayó que en el país hay más de 150 agentes del Estado procesados por presuntas violaciones de derechos humanos, y preguntó a la Misión de la ONU qué quería que se hiciera en relación a la “incursión marítima y ante los planes de matar a través de una agencia tercerizada”.
“¿Qué esperaban?, ¿Qué no se actuara?, ¿Cómo se puede llamar a las personas detenidas por estos hechos?, ¿Son personas pacíficas?, ¿Qué se puede decir sobre los grupos armados en Altamira?, ¿Cómo se les llaman?, ¿Agentes de la libertad? No nos parece”, indicó Saab.
Finalmente, agregó que el Ministerio Público debe “actuar contra aquellos que atentan contra los derechos humanos supuestamente amparados por una credencial”, concluyó.