Julio José Guerra, sargento primero de la Guardia Nacional (GNB); Hender Johan García Luquez, sargento segundo y los sargento Leonardo Manuel Romero Silva y José Gabriel González fueron condenados a 18 y 15 años de prisión por su responsabilidad en la tortura de tres hombres en el estado Nueva Esparta.
Guerra pagará 18 años de prisión mientras que sus demás compañeros deberán cumplir una condena de 15 años.
El hecho por el cual fueron condenados los efectivos castrenses ocurrió en abril de 2017, en la calle San Juan de Porlamar, en Nueva Esparta.
Las víctimas se encontraban en la calle cuando fueron detenidos por una unidad de la GNB y forzados mediante armas de fuego a subirse al vehículo donde posteriormente fueron torturados.Las víctimas fueron trasladadas hasta del destacamento 710 de la GNB, ubicado en Conejeros municipio García; donde continuaron las torturas con palos de madera. De igual modo, a las víctimas les fueron solicitadas altas sumas de dinero para detener los ataques en su contra y evitar sembrarles droga.
“Uno de los afectados afirmó tener dinero en su casa; y luego de recibir un golpe en la cabeza y amenazas de disparo, fue trasladado hasta su domicilio para coordinar la entrega de dinero. Allí, no se localizó a la hermana de uno de los afectados; motivo por el cual la víctima fue trasladada de nuevo hasta el Destacamento 710; donde continuó siendo objeto de torturas”, se lee en la reseña del Ministerio Público.
Tras realizar la denuncia ante el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GNB, y tras varias experticias practicadas en el lugar bajo supervisión del Ministerio Público, se estableció la relación de los cuatro sargentos con los hechos; por lo que fueron aprehendidos en flagrancia para iniciar el proceso penal correspondiente.
En el juicio, la Fiscalía 12ª de Nueva Esparta ratificó la acusación contra González Sánchez, Romero Silva y García Luquez como coautores del delito de tortura y privación ilegítima de libertad.
La Fiscalía ratificó la acusación en contra de Guerra como coautor del delito de tortura, privación ilegítima de libertad y uso indebido de arma orgánica.
Ante los medios de pruebas expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 1º de Juicio en esa jurisdicción dictó las referidas condenas contra los cuatros sargentos y fijó su reclusión en el Internado Judicial Insular de San Antonio.
