El presidente Guillermo Lasso aceptó este lunes 15 de noviembre, la renuncia del director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), Bolívar Garzón, así como del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el vicealmirante Jorge Cabrera.
Garzón tenía menos de 50 días como responsable del sistema de prisiones.
Estas dimisiones ocurren luego de que el fin de semana se produjera un nuevo choque entre bandas rivales en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, que dejó 68 muertos.
El presidente ecuatoriano expresó que el país se enfrenta a los «más grandes cárteles» del narcotráfico, a los que acusa de provocar enfrentamientos en prisiones en los que han muerto más de 320 presos este año y que derivaron en el reemplazo de los máximos jefes del Ejército y de las prisiones.
«Ya no nos enfrentamos a la delincuencia común sino a los más grandes cárteles de la droga de todo el mundo», manifestó el mandatario en un mensaje a la nación dado por la noche.
En septiembre pasado se produjo un incidente similar en esa misma prisión que se saldó con 119 muertes, convirtiéndose en el motín más letal de la historia de Ecuador.
Lasso, en el poder desde mayo, también se reunió en ese puerto con los titulares del Legislativo, de la justicia y otras funciones, logrando un «acuerdo nacional» para aplacar la crisis y reconociendo que «Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico».
Añadió que esas mafias «pretenden tomar control de los centros de privación de libertad en el país y quitarnos la tranquilidad en las calles». Tachó la situación como «una de las más grandes crisis de las últimas décadas».
Como parte del «acuerdo nacional», Ecuador iniciará un proceso de pacificación en las prisiones «sin negociar ni ceder nada», agilizará el otorgamiento de beneficios e indultos con miras a reducir 30% de superpoblación carcelaria y tipificará nuevos delitos para juzgar a «los jefes de las mafias».
También empleará a las Fuerzas Armadas y a la Policía para mantener el orden en los reclusorios conforme la ley.
Debido a la situación en las prisiones y la violencia a causa del narco, Lasso decretó dos estados de excepción: uno el 30 de septiembre por 60 días para las cárceles, y otro el 18 de octubre también por 60 días, movilizando a los militares a las calles para que apoyen a la policía en patrullajes y requisas.
Pero la Corte Constitucional limitó su alcance, prohibiendo el ingreso de militares a las celdas. Además dispuso que los soldados patrullen las calles por no más de 30 días.
Lasso señaló que ante la crisis, Naciones Unidas, la Unión Europea y países como Estados Unidos, Colombia e Israel apoyarán su lucha contra el narcotráfico.
El gobernante designó como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas al general Orlando Fuel, quien era comandante del Ejército, y encargó la dirección del SNAI a la agencia de inteligencia del gobierno CIES.
