Pavel Rondón y Feijó Colomine, politólogos y profesores universitarios, aseguraron que la xenofobia ha acentuado los crímenes cometidos contra migrantes venezolanos en Colombia. La cifra de víctimas en ese país continúa en ascenso. Los últimos casos conocidos fue el asesinato de una pareja en un local nocturno en la ciudad de Cúcuta.
Los expertos señalaron al medio tachirense La Prensa la discriminación, el desprecio hacia la condición de pobreza, la persecución, la violencia, los ajusticiamientos por hurtos, deudas o motivos pasionales, el odio, el desprecio por envidia profesional y otras formas de rechazo y amenaza.
Los departamentos donde más se registran casos de violencia contra los migrantes son Norte de Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico y Antioquia. Esto según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Registra además que entre los años 2017 y 2020 fueron asesinados 2.061 venezolanos.
“Observamos con estupor cómo siguen en ascenso los casos de violencia en contra de nuestros migrantes en Colombia. Y ello viene direccionado por quienes han sido promotores directos de la xenofobia o rechazo extremo hacia los extranjeros”, señaló Pavel Rondón.
Puntualizó que se pueden mencionar funcionarios como Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, quien ha señalado públicamente a la población venezolana de tener responsabilidad en el incremento de la criminalidad en esa cuidad.
Migración Colombia ha informado que casi 97% de los migrantes tienen buen comportamiento. Y que los delitos violentos en Colombia son cometidos casi en un 98% por colombianos.
La Prensa indicó asimismo que también ha habido rechazo por la capacidad profesional y de formación de los venezolanos en distintas áreas de desempeño. Esto genera diferencias en ciudadanos de Colombia porque, han asegurado, los dejan sin oportunidades de empleo.
En ese país, los patronos contratan mano de obra calificada de extranjeros en situación de irregularidad que, por sus condiciones económicas, aceptan el pago de salarios establecidos muy por debajo de lo que establece la ley colombiana.
