«La Federación Rusa debe suspender inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en territorio ucraniano», declaró Joan Donoghue, juez presidente de la CIJ, con sede en La Haya.
«La Corte tiene plena conciencia de la magnitud de la tragedia humana en Ucrania» y está «profundamente preocupada por el uso de la fuerza por parte de Rusia, que plantea serios problemas de derecho internacional», prosiguió la juez durante una audiencia.
La CIJ, creada en 1946, dio así respuesta a un procedimiento de urgencia planteado por Ucrania pocos días después de la invasión rusa, en espera de un veredicto sobre el fondo del conflicto, que podría demorar años.
Los fallos de la CIJ son vinculantes y sin apelación, pero el tribunal carece de medios para garantizar su cumplimiento. El principal organismo judicial de la ONU basa sus resoluciones principalmente en los tratados y convenciones existentes. Ucrania y Rusia son miembros de la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio, que data de 1948.
