El martes, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, como parte de las acciones que adelantan las autoridades salvadoreñas en la guerra contra las pandillas.
La normativa, propuesta por el presidente del Parlamento, Ernesto Castro, recibió 64 votos a favor —de diputados aliados del presidente Nayib Bukele— de los 84 escaños que tiene el Congreso.
«A partir de hoy, el Gobierno tiene la autorización para poder trabajar y construir estos centros penitenciarios que van a alojar por años a esta gran cantidad de criminales que han sido detenidos en estos días», dijo el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas, el partido de Bukele.
Según informó la Policía Nacional Civil (PNC) este miércoles, desde finales de marzo hasta ahora han sido capturados 14.068 supuestos pandilleros, sumando a 495 detenidos solo el martes, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara un régimen de excepción, que tiene a policías y a militares a la caza de estos presuntos delincuentes.
«Más de 14.000 terroristas fuera de nuestras calles, en solo 25 días. Seguimos…», escribió Bukele en su cuenta en Twitter.
En lugares remotos
«Combatir a las pandillas es un tema de país, que debería unirnos. No vamos a dar marcha atrás, los resultados en materia de seguridad son claros. La población está de acuerdo con los medidas que se están tomando», dijo Castro en la sesión parlamentaria del martes en la que se aprobó la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios.
La normativa establece las reglas para planificar, diseñar, construir y mantener «los centros penitenciarios que sean necesarios, en razón del incremento de la población privada de libertad».
De acuerdo con la ley, el Ministerio de Obras Pública (MOP) será la entidad encargada de la construcción de las nuevas cárceles y se contempla la posibilidad de establecer «convenios» con privados. Tanto la institución pública como las compañías involucradas contarán con exención del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Transferencia de Bienes y la Prestación de Servicios, así como otros que graven la importación de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos y accesorios o utensilios, entre otros.
Ese ministerio está facultado para declarar de utilidad pública los bienes y edificaciones donde prevé construir una prisión; asimismo, podrían realizarse expropiaciones.
El MOP coordinará lo pertinente con la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y este ente será el encargado de la operación de las prisiones.
Las nuevas cárceles deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Penitenciaria, que contempla que las prisiones tengan, además de las respectivas condiciones de seguridad, escuela, biblioteca y áreas de recreación para los internos.
El diputado Guevara dijo que estas prisiones serán construidas «en los lugares más alejados y remotos» para que «ya no puedan seguir dañando a los buenos salvadoreños».
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, se mostró satisfecho por la aprobación de la ley que, a su juicio, «va a venir a beneficiar» y a «poder agilizar los procesos de ejecución» de las obras.
«En una guerra lo que muchas veces no se tiene es tiempo y para esto necesitamos construir de una forma ágil e integrada», enfatizó, según cita una nota de prensa de su despacho.
¿Límites a la libertad de información?
Previo a la aprobación de esta normativa, a principios de abril la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Disposición y Utilización de los Bienes, Dineros, Valores y Activos Incautados a las Estructuras del Crimen Organizado, Terrorismo y Narcotráfico.
También se aprobaron reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas. Respecto al Código Penal, se enmendó el artículo 345, quedando establecidas penas de 10 a 15 años de prisión para quien elabore «textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual en bienes inmuebles de uso público o privado» relacionados con las pandillas y también para quienes, por medio del uso de las tecnologías de la comunicación y la información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales, «reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico a la población en general».
Esto ha generado que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la fundación Cristosal presenten una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al considerar que las enmiendas «criminalizan coberturas de prensa sobre pandillas».
Según señalan estas organizaciones en un comunicado de prensa, las reformas «hacen prohibiciones generales que violentan el derecho a la libertad de información de toda la población» y se «imponen límites absolutos a las libertades de expresión e información generándose censura previa».
«La prohibición de informar sobre diversos hechos públicos de relevancia, como la criminalidad cometida por pandillas, implica una mordaza al ejercicio del periodismo libre», dicen las organizaciones en el texto.
Ante ello, piden a esa sala de la CSJ decretar medidas cautelares y suspender las reformas.
