Un grupo de venezolanos autodenominados como independientes remitió la mañana de este viernes un comunicado dirigido a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; autoridades de Fedecamaras y al clero venezolano; en el que ratificaron la urgencia de innovar medios y objetivos para abrir una nueva fase en las negociaciones entre los diversos actores de la vida pública nacional.
En el mismo documento, también remitido a representantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, este grupo de ciudadanos además resaltó que “la reformulación de las sanciones aprobadas por el Gobierno de los EE.UU debe comportar modificaciones de conductas del Gobierno nacional”.
En este sentido, hicieron un exhorto público a definir áreas prioritarias y beneficiarios finales de los compromisos adoptados libre y consensualmente entre los participantes en las negociaciones que se produzcan en torno a Venezuela.
A continuación el texto íntegro del comunicado. *PRONUNCIAMIENTO DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES*
*Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela*.
*Directivos de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y Fedecámaras*. *Embajadores de EE.UU y demás países participantes en la iniciativa Noruega*.
Somos independientes.
Desde esta condición nos dirigimos a ustedes y de manera especial a todos los venezolanos, dentro y fuera del país, que -al margen de su ubicación política- desean salir de la crisis y recuperar condiciones democráticas.
Sentimos el orgullo de ser ciudadanos de esta nación y la responsabilidad de participar en los debates sobre su presente y su futuro. No somos miembros de élite alguna, pero tenemos opinión, trayectorias personales de servicio público y una credibilidad a cuidar.
Son diversos los indicadores que señalan que las sanciones financieras y comerciales aumentan las dificultades para los sectores más vulnerables de la población. Es también cierto que ellas no son la causa de la recesión, la inflación y otras calamidades que existían antes de su aplicación.
Pero abordar la flexibilización o incluso suspensión de algunas de estas sanciones, puede operar como un estímulo a la reanimación de actividades productivas y de emprendimiento. Además de su incidencia estrictamente económica, puede llegar a ser un paso para la creación de un clima de convivencia y de respeto a los derechos que demandan actores políticos, institucionales y de la sociedad civil.
La reformulación de las sanciones aprobadas por el Gobierno de los EE.UU debe comportar modificaciones de conductas del Gobierno nacional como principal factor interno de poder. La polémica, acerca de resultados o duración de estas, no debe desviarnos de lo principal: Definir las áreas prioritarias y los beneficiarios finales de los compromisos adoptados libre y consensualmente entre los participantes en las negociaciones.
Agotada la intención de usar las sanciones como herramienta para el cambio de gobierno, hay que innovar medios y objetivos para abrir una nueva fase en las negociaciones.
No es esta la ocasión para denunciar culpables por lo que vivimos. Más urgente es que cada una de los integrantes de esta nación asuma sus contribuciones particulares para recomponer determinadas áreas de la economía productiva, junto con logros en la aplicación igual para todos de normas de la Constitución Nacional vigente.
La aspiración de la mayoría es encontrar medios consensuales para evitar la estéril prolongación del conflicto político, al margen de la razón que cada quien reclame para sus posiciones.
Hay que dedicar el mejor esfuerzo de cada uno para convertir el proceso electoral convocado para el 2024 en una oportunidad pacífica de cambio. Hay que invertir muchas energías en asegurar entendimientos plurales de gobernabilidad democrática para que el presidente que resulte electo pueda gobernar con legitimidad y estabilidad.
No es fácil olvidar ni es procedente perdonar en base a impunidades. Pero junto a esa aspiración de justicia, el país de la crisis nos desafía a unirnos y a pagar los costos para llegar a un acuerdo en determinados ámbitos nacionales.
Los independientes que suscribimos esta opinión nos sumamos a las solicitudes de abrir todos los canales posibles y eficaces de entendimiento. No vemos necesario privilegiar una vía de acuerdo en detrimento de otras.
Es importante retomar el proceso de negociaciones que estuvo en curso en México. Renovar esta iniciativa generaría confianza en la voluntad de los venezolanos para superar plural, pacífica y electoralmente las diversas crisis: la económica y la social, pero también la institucional y política.
Retomar esa negociación no excluye el diálogo en otras instancias que puedan coadyuvar en la solución de otros problemas, con similares fines.
Es muy importante ocuparnos de los intereses, aspiraciones, y demandas de productores y sectores que requieren respaldo en los estados del país. En las poblaciones del interior hay que crear mecanismos para encarar problemas en salud y educación, las interrupciones en la prestación de servicios como electricidad y agua o los problemas de crédito y seguridad en el campo. Estos acuerdos, parciales y puntuales, son urgentes y pueden ser promovidos por gobernadores y alcaldes, en concierto con la sociedad regional.
Hay que aceptar un punto incómodo de admitir: Ninguna de las parcialidades, sea el Gobierno o sea la oposición, puede retomar la senda de la producción, la institucionalización y el ejercicio pleno de los derechos democráticos por sí sola.
El ejercicio democrático del poder es condición necesaria para realizar reformas incompletas o aún no comenzadas en lo social y lo económico. Esta condición de gobernabilidad democrática es un aspecto fundamental para el éxito de toda reforma a futuro.
Es hora de entenderse. Gobierno y oposición, deben dejar a un lado los extremismos ciegos. Las fragmentadas expresiones de la oposición están imperativamente obligadas a ello. Los diversos componentes del Gobierno también deberían aceptar las evidencias de agotamiento de su modelo.
Vamos a darle una tregua a las posiciones extremistas, a las descalificaciones, a las exclusiones, al aprovechamiento viciado del diálogo y al intento de disfrazar negociación con voluntad de dominio.
¡Venezuela quiere paz! Deseamos recrear su esperanza en avances reales para superar los obstáculos y carencias que agravan las condiciones de vida de la mayoría.
¡Venezuela quiere unión! Deseamos ir a procesos electorales transparentes que, en vez de un perdedor, arroje muchos ganadores. En primer término, el país.
Vamos todos juntos en la búsqueda de una transición hacia un país diseñado entre los polos hoy enfrentados.
No nos cerremos a oír razones, inventemos pretextos para dejar atrás las divisiones y darle prioridad al sentido de un país en el que todos seamos hijos de una causa común.
Firman:
Griselda Reyes, empresaria, dirigente política independiente y activista social. Miranda.
Ismael Querales, músico folclorista y compositor, maestro de bandola llanera. Caracas.
María Gabriela Guercio, médico internista y endocrinólogo, premio American College of Phisicians 2003. Miranda.
Armando Amengüal, empresario y político independiente. Carabobo.
Gerardo Alí Poveda, abogado laboralista y asesor de organizaciones sociales. Miranda.
Simón García, analista político, Fundación SER. Caracas.
Marisela Capriles Vergara, comunicadora social. Caracas.
Pino Pascucci S., profesor de la Universidad de Los Andes (ULA), historiador y abogado. Mérida.
Rafael Ángulo Yustiz, profesor de la Universidad del Zulia (LUZ). Zulia.
Jesús González, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Caracas.
Marcos Pérez Bellizia, primer alcalde de Cantaura. Anzoátegui.
Teodoro Vielma, profesor de la Universidad de Los Andes (ULA), exalcalde de Campo Elías. Mérida.
Valmore García, comunicador social, exalcalde de Valle de La Pascua. Guárico.
Edgar Escudero, expresidente Asamblea Legislativa de Yaracuy. Yaracuy. Lenin Rodríguez, vicepresidente Colegio de Abogados de Yaracuy. Yaracuy. Celestino Aponte, Asociación Civil Unidad y Cambio. Bolívar.
Antonio Montes Navas, directivo de la organización civil Lazos Guayana. Bolívar.
Miguel González Chejade, economista y empresario. Carabobo.
Octavio Táriba, empresario. Carabobo.
Félix Jiménez, expresidente nacional de Fedepetrol. Anzoátegui.
Mariana Soto, empresaria y activista social. Anzoátegui. Yaxis Aristiguieta, licenciado en Trabajo Social. Aragua. Isaac Capriles, director de academia de natación. Caracas.
Lauren Caballero, internacionalista y político independiente. Vargas.
Máximo Blanco, economista y político independiente. Guárico.
Héctor Flores, agricultor de Las Mercedes del Llano. Guárico.
Rafael Castillo, abogado, periodista y político independiente. Guárico.
Luis Eduardo Gallo, abogado y escritor. Carabobo.
Ezequiel Aranguren, exdiputado del Congreso Nacional. Carabobo.
Víctor Rodríguez, sociólogo. Vargas.
Juan José Sodja, abogado, locutor y estudiante de comunicación social. Sucre.
Carlos Alvarado, abogado y activista social. Anzoátegui.
Zarina García Ávila, abogada, exdiputada de la Asamblea Legislativa de Anzoátegui. Anzoátegui.
Ángel Briceño, corredor de seguros, dirigente vecinal. Caracas.
Ángel Berro, TSU en construcción civil, abogado y político independiente. Barinas.
Oswaldo Kalin Guzmán, técnico en planificación agropecuaria y político independiente. Vargas. Jorge Navas Rosendo, abogado, MSc en gerencia financiera, emprendedor económico. Falcón.
Evelyn Rodríguez, licenciada en fisioterapia. Caracas.