España podría convertirse en el primer país de Europa en aprobar la licencia temporal remunerada en casos de menstruaciones dolorosas, una medida incluida en el texto de la reforma de la ley del aborto. Al menos una de cada diez mujeres en el país padecen de endometriosis, pero es solo una de las diversas patologías relacionadas con la regla. El debate se ha abierto entre quienes consideran este paso como una estigmatización y quienes afirman que garantizará derechos fundamentales y laborales.
Fuertes dolores en la parte baja del abdomen y en la espalda, cefaleas y/o fiebre, entre otros, forman parte de los síntomas que algunas mujeres padecen mes a mes con el ciclo menstrual. Una situación aún invisibilizada en los entornos laborales y que muchas incluso soportan a la hora de trabajar.
Si bien no todas las mujeres sufren las dolencias, entre un 20% y un 25% de quienes presentan el padecimiento registran un grado incapacitante, según algunas investigaciones. Además, detrás de las señales pueden esconderse enfermedades como miomas, pólipos en los ovarios o endometriosis. Esta última afecta a alrededor de una de cada diez mujeres en España, de acuerdo con datos del Ministerio de Sanidad.
Ante este panorama, el país apunta a ser pionero en Europa en avalar la incapacidad temporal remunerada por menstruaciones dolorosas, luego de que el pasado martes 17 de mayo el Consejo de Ministros aprobara el texto de la reforma de la ley del aborto, que incluye licencias cuando el dolor por la regla es extremo.
Una propuesta sin precedentes en el continente y en gran parte del mundo, impulsada desde el Ministerio de Igualdad que, sin embargo, no está exenta de polémica tras una tensa negociación con el Ministerio de Seguridad Social.
Y es que el debate está abierto, en las calles y en las redes sociales. Entre las reticencias políticas se destacan la postura de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien públicamente ha reiterado que la aprobación de la norma podría «estigmatizar a las mujeres» en el mercado laboral si se toman días de baja por esta situación.
Pero ¿cómo sería llevada a la práctica la iniciativa? ¿Estigmatización o reivindicación en los derechos laborales? Consultamos algunas expertas en esta materia.
«Los derechos laborales nunca pueden ser una fuente de estigmatización»
La estigmatización radica en la falta del reconocimiento de derechos básicos, ya que el mercado laboral sigue siendo «profundamente androcéntrico», asegura a France 24 Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad, y una de las líderes de las negociaciones entre ministerios.
«Los derechos laborales nunca pueden ser una fuente de estigmatización (…) Tenemos que apostar a que el ordenamiento jurídico en nuestros países permita avanzar hacia un mercado laboral que elimine todas las brechas de género, que las mujeres tengamos que ir a trabajar con dolor, que tengamos que asumir que cuando tengamos menstruaciones dolorosas lo mejor es callarse, invisibilizarlo, es algo absolutamente inasumible. Por tanto, el paso que estamos dando es de enorme profundidad y trascendencia política porque implica un cambio de paradigma en los derechos laborales», afirma.
Y es que Morillas recalca que la aplicación de la norma estaría acompañada por una valoración médica y solo se daría en casos en que la regla genere dolores graves, a partir de lo cual la persona afectada puede acceder a una baja o licencia.
De cara a garantizar la efectividad de la norma, los días de permiso, que no estarán limitados sino determinados por el médico, serán remunerados y cubiertos íntegramente por el Estado con fondos públicos, no por los empresarios.
Asimismo, la cobertura abarca desde el primer día de la baja laboral y no después, a diferencia de cómo funcionan actualmente en el país otras incapacidades temporales.
Tampoco será necesario cumplir con el requisito de cotización previa en el sistema de Seguridad Social.
No obstante, la iniciativa de ley ha causado divisiones. Desde los sindicatos y el Gobierno hay algunas voces en desacuerdo por las implicaciones de que algunas mujeres se ausenten durante unos días.
La secretaria de Igualdad del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Andrea Fernández, ha indicado abiertamente que «asumir que la regla exige por sí misma una consideración especial puede ser poco útil y perjudicial». Aunque también destacó la necesidad de mayor investigación y tratamientos de enfermedades relacionadas con el ciclo menstrual, otro de los puntos que incluye la reforma.
Para Silvia Aldavert, coordinadora de l’Associació Drets Sexual i Reproductius (Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos) en Cataluña, por el contrario, la nueva normativa ayudará a normalizar y visibilizar situaciones médicas de algunas mujeres sin que afecten su vida laboral, pues la menstruación y sus posibles padecimientos siguen siendo un tabú.
«Parece extraordinario, pero en cambio cuando hablamos de bajas o permisos laborales por lumbalgias, ciáticas, otitis o demás, en ningún momento tenemos ninguna duda de que el profesional sanitario está autorizando una cosa de forma correcta (…) Esta medida también debe ir acompañada de un programa de sensibilización ciudadana para entender que las afectaciones en la menstruación que no permiten hacer vida normal no son lo habitual, son casos excepcionales en los cuales las mujeres tienen un tipo de menstruaciones más complejas o delicadas», destaca.
Por su parte, Jimena López Sánchez, vocera de la Comisión por el Derecho al Aborto, de Madrid, resalta que no se trata solo de reconocer derechos sexuales o reproductivos, sino también laborales. Asegura que este tipo de legislación no sería un arma de doble filo para aumentar la discriminación en el ambiente de trabajo, sino que por el contrario proveería medidas de conciliación.
«La discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral ya existe, cobramos salarios diferenciados, hay muchos menos contratos a mujeres y son medidas como estas las que normalizan que podamos vincularnos al mercado (…) Se debe dejar de juzgar a la mujer como si fuera a buscar triquiñuelas para no trabajar cuando hemos demostrado que no es así, somos la mitad de la población mundial y esto es responsabilidad social. Si tenemos vidas más dignas, la situación de la sociedad también va a ser más equitativa y mejor», subraya López.
Si bien el proyecto de ley marca un hito para España, el país ya ha visto algunos avances en esta materia. Los Ayuntamientos de Castellón y Girona son pioneros en aplicar este tipo de medidas desde hace aproximadamente un año, permitiendo que las empleadas tengan un permiso de ocho horas por estas patologías que pueden recuperar al mes siguiente.
Tras la experiencia, destacan que la medida funciona y que solo la han solicitado los casos de mujeres que lo requieren. La licencia es autorizada por un médico.
«Es el sistema laboral y económico el que se tiene que adaptar a las realidades sociales y garantizar los derechos fundamentales y laborales de las personas que menstrúan, no debe haber discusión porque el marco del mercado laboral debe ser el de garantizar los derechos de trabajadores y trabajadoras», enfatiza Aldavert.
La investigación sobre el ciclo menstrual, una cuenta pendiente
La directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, enfatiza a France 24 que los cambios legislativos apuntan a componentes educativos y de investigación en torno al ciclo menstrual. La propuesta incluye dirigir recursos públicos a la investigación médica y científica de enfermedades de larga data.
Por ejemplo, diagnosticar endometriosis, una de las enfermedades más dolorosas relacionadas con el periodo, tarda en promedio ocho años. Situaciones que se suman a irregularidades o efectos que han registrado algunas mujeres tras recibir las vacunas contra el Covid-19.
«Hay que hacer una apuesta por una investigación del ciclo menstrual para que los casos en que hay patologías también se mejoren en la rapidez de los diagnósticos y las políticas de prevención», agrega.
Otra de las regularizaciones que por ahora no se ha logrado incorporar al texto de la iniciativa de ley, pero que desde el Ministerio de Igualdad aspiran a incluir, está relacionada con el mayor acceso a los productos de gestión menstrual, mediante la excepción de IVA y su suministro gratuito en centros educativos, penitenciarios y en organismos públicos, según indica Morillas.
La medida ha sido aprobada en una primera instancia en el Consejo de Ministros, pero para su entrada en vigor aún falta un proceso que incluye el trámite parlamentario. Sin embargo, el proyecto ha sido presentado con carácter de urgencia, lo que prevé reducir los plazos estipulados. Se estima que la norma sea finalmente sancionada antes de que concluya la actual legislatura.
Pero desde ya el debate se ha abierto y con su aplicación España busca no solo abrir el camino de una regulación sin precedentes en Europa, sino responder a cuentas aún pendientes en materia sanitaria y de derecho laboral.
