El gobierno de Argentina sostuvo este jueves que la Justicia debe aclarar el caso del avión venezolano-iraní retenido en el aeropuerto de Buenos Aires, al tiempo que reiteró que ninguno de sus tripulantes, 5 iraníes y 14 venezolanos, presentaba ningún tipo de alerta internacional en su contra.
«No pesa ninguna inhibición ni sobre el avión ni sobre ninguno de quienes estaban tripulándolo en ese momento. Ahora hay una causa en la Justicia, así que allí deberán dirimir la situación», aseguró la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en una comparecencia de prensa.
El avión en cuestión, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La aeronave ingresó en Argentina el pasado 6 de junio procedente de México, previa escala en Venezuela, con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, y el miércoles despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
En Argentina, las petroleras no cargan combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos.
Desde esta semana, la Justicia argentina lleva adelante una investigación para dilucidar los posibles vínculos de la tripulación con el terrorismo internacional, ya que uno de sus integrantes, el iraní Gholamreza Gashemi, tiene el mismo nombre que un miembro de las Fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, definida por Estados Unidos como una organización terrorista.
Hasta ahora, la Justicia retiró los pasaportes de los 19 miembros de la tripulación, impidiendo su salida del país, e incautó el avión para obtener más datos sobre qué hacían estas personas en Buenos Aires.
En ese sentido, la portavoz presidencial insistió en que el Gobierno argentino llevó adelante «todas las medidas» necesarias con respecto a esta aeronave.
«Ninguno de los miembros de la tripulación tenía ningún tipo de alerta o de antecedente, la embarcación no podía cargar nafta porque las empresas proveedoras sí que tenían una alerta por sanciones económicas del Gobierno de Estados Unidos a los países, no a la aeronave ni a la tripulación, y por eso es que no se les proveyó de combustible. Esta es la única alerta que existía», afirmó Cerruti.
Una «novela» periodística
La portavoz aprovechó su intervención para cargar contra los medios de comunicación, acusándolos de construir una «novela periodística» en torno a este caso, en un país que sufrió dos atentados terroristas en la década del 90 -a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y a la embajada de Israel en Buenos Aires- que la Justicia local relaciona con personas poderosas de Irán y el grupo Hezbolá.
«A veces la novela periodística pasa los límites de lo razonable, tratándose de un país que sigue reclamando el esclarecimiento de los atentados sucedidos en su territorio, pero más allá de esta sensibilidad, que entendemos, el resto forma parte de la novela que cada periodista o cada medio quiera hacer», manifestó.
Elisa Trotta, la representante en Argentina del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó al término de la rueda de prensa que Cerruti mintió con respecto al avión.
«Dice que el avión no tenía sanciones, pero Conviasa está sancionado por Estados Unidos desde 2020 y Mahan Air desde 2011. Además, durante el Gobierno de Alberto Fernández, en tres ocasiones el Departamento del Tesoro reiteró las sanciones contra la aerolínea iraní», escribió Trotta en su perfil de Twitter.
EFE
