Cinco de los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní retenido desde junio pasado en el aeropuerto de Buenos Aires seguirán imputados en la investigación que se cursa en Argentina por posibles vínculos con el terrorismo internacional, mientras que el resto fueron sobreseídos por el juez del caso, confirmaron este martes a Efe fuentes jurídicas.
En concreto, el juez federal Federico Villena decidió continuar investigando a tres iraníes y dos venezolanos, que seguirán sin poder salir del país, y desvinculó del expediente a los otros miembros de la tripulación.
Ya hace dos semanas que el magistrado devolvió los pasaportes a 12 de los 19 tripulantes, pero optó por seguir reteniendo en el país a los otros 7, a 2 de los cuales autorizó este martes a marcharse.
Esta decisión se da el mismo día en que Villena tomó declaración a tres de los cuatro iraníes, mientras que el lunes había interrogado a dos de los tres venezolanos que quedaron en Argentina.
El caso ha generado una fuerte polémica en los últimos meses por los reclamos de Venezuela e Irán para que se liberara el avión y a sus tripulantes pero también dentro de Argentina, país que sufrió dos atentados terroristas en la década de 1990 por los que la Justicia local señala al grupo Hezbolá y a miembros del entonces Gobierno iraní.
El 6 de junio de este año, la aeronave investigada, un Boeing 747-300, ingresó a Argentina, presuntamente para trasladar cargamento a una empresa automotriz, con una tripulación de 19 personas: 5 iraníes y 14 venezolanos.
El avión fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), ambas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Dos días después de estar en Argentina despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en el aeropuerto internacional de la localidad bonaerense de Ezeiza porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.
Asimismo, las petroleras argentinas no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos y posteriormente, el 11 de junio, se difundió que el Gobierno argentino había ordenado la inmovilización de la aeronave.
Villena, encargado de investigar lo acontecido en torno al avión y sus tripulantes, ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país de todos ellos, que nunca fueron detenidos y hasta ahora han tenido plena libertad de movimientos. En agosto pasado, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó a Argentina que le permitiera confiscar la aeronave.