Al menos 17 detenidos, recluidos en calabozos policiales, murieron, entre abril y septiembre de 2022, al presentar desnutrición y enfermedades infectocontagiosas, como VIH, tuberculosis y Covid-19 que no fueron atendidas oportunamente.
De acuerdo al más reciente informe elaborado por la ONG Una Ventana a la Libertad, las víctimas fallecieron en retenes policiales ubicados en el Distrito Capital y los estados Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Nueva Esparta, Zulia y Bolívar.
Al ofrecer su testimonio los familiares de los reclusos aseguraron que éstos nunca recibieron atención médica adecuada.
Los resultados de la referida investigación se centraron en los datos obtenidos durante un total de 11 jornadas médicas que la organización logró realizar, en alianza con los médicos infectólogos del Proyecto Once Trece, en 171 retenes policiales ubicados en nueve estados del país.
Carlos Nieto Palma, director general de UVL, explicó que alcanzaron a atender a 819 detenidos, entre ellos 721 hombres y 98 mujeres.
“Los resultados son muy preocupantes: 17 detenidos fallecieron sin recibir atención médica adecuada, 539, es decir, el 5,3% de esta población, presenta desnutrición severa, 156 tienen tuberculosis, 126 Covid-19 y 57 VIH-SIDA y ninguno recibe tratamiento adecuado”, reveló el abogado.
Nieto Palma recordó que desde el año 2016 realizan este tipo de actividades dentro de los centros de detención preventiva y que en las mismas se hacen pruebas rápidas de despistajes de VIH, tuberculosis, Covid-19, diabetes e hipertensión arterial.
“También se hacen pruebas nutricionales y se determina cuántos internos presentan escabiosis (sarna) y enfermedades respiratorias”, indicó Nieto Palma.
El documento elaborado por la Asociación Civil se denomina “Informe final del proyecto de jornadas médicas de Una Ventana a la Libertad en los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Vargas, Zulia y el Distrito Capital”.
La deuda se mantiene, el hacinamiento es de 218%
Según la mencionada investigación las precarias condiciones sanitarias, es decir, el hacinamiento y la falta de agua potable y baños se mantienen en los 171 calabozos policiales monitoreados, por lo tanto, la mayoría de la población reclusa se encuentra en alto riesgo de seguir contrayendo enfermedades infectocontagiosas.
UVL explica que de estos 171 calabozos policiales investigados 158 están bajo la custodia civil, es decir, Cicpc, PNB y policías regionales o municipales, y 19 bajo custodia militar, específicamente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
“Solo 86 de estos lugares tiene baños y 80 cuentan con servicio regular de agua potable. Los familiares de los reclusos deben llevar botellones de agua a estos calabozos para que sus seres queridos se hidraten y aseen”, indica el informe.
Se conoció que la capacidad instalada en estos 171 retenes policiales es de 4.679 personas, pero la existencia real alcanza la cantidad de 10.193 reclusos, entre ellos 9 mil 301 hombres y 890 mujeres, por lo tanto, el hacinamiento es de 218%, de acuerdo a la investigación.
n este sentido Carlos Nieto Palma indicó que se mantiene la deuda de descongestionar estos lugares pese al llamado Plan Cayapa y a la Comisión para la Revolución Judicial, designada por Nicolás Maduro en junio de 2021.
“La falta de distanciamiento es lo que provoca que las enfermedades infectocontagiosas se propaguen con facilidad. Los médicos determinaron que las enfermedades aquí señaladas seguirán ganando terreno dado el estado de desnutrición de los reclusos”, se lee en el documento.
Recomendaciones
Una Ventana a la Libertad finaliza el mencionado informe, referido a jornadas médicas dentro de calabozos policiales, haciendo, entre otras, las siguientes recomendaciones:
1) Es indispensable que los organismos del Estado desarrollen políticas públicas dirigidas a atender a la población reclusa,
2) Separar a los internos con enfermedades infectocontagiosas del resto de la población,
3) Para atender los casos de desnutrición se debe impulsar una policía que garantice la alimentación adecuada a los detenidos que se encuentran en calabozos policiales,
4) Los casos de VIH no deben ser discriminados, por el contrario, deben ser atendidos en planes que puedan garantizar tratamientos a quienes lo requieran y
5) Por tratarse de un problema de salud pública, los casos de Covid-19 deben ser atendidos de la misma manera que se ha atendido a la población en general.
Prensa UVL
