El Gobierno de Estados Unidos pidió este martes al Tribunal Supremo que permita el final del Título 42, la norma sanitaria que permite expulsiones en caliente de migrantes en la frontera bajo el pretexto de la pandemia.
Aun así, el Ejecutivo de Joe Biden solicitó a la corte que mantenga hasta el 27 de diciembre la orden, emitida el lunes, de bloquear el levantamiento del Título 42.
El Supremo paralizó el lunes el levantamiento del Título 42, que estaba previsto para el 21 diciembre, en respuesta a una petición de un grupo de 19 fiscales generales de estados, en su mayoría gobernados por los republicanos, que alegaban que su suspensión provocaría «un daño masivo e irreparable» en materia migratoria.
El presidente de la máxima instancia judicial de EE.UU., el juez conservador John Roberts, dio a la partes implicadas hasta este martes a las 22.00 GMT (3.00 GMT del miércoles) para responder ante el Supremo. Cuando reciba la respuesta el Supremo deberá decidir si permite que el Título 42 se mantenga en pie mientras las cortes en menor instancia resuelven el caso.
En la respuesta del Gobierno, la procuradora general Elizabeth Prelogar escribió que los fiscales de los estados que han llevado el caso al Supremo «no pretenden reivindicar ningún interés en la salud pública o frenar la propagación de la covid-19».
En su lugar, continúa Prelogar, «reconocen con franqueza que desean usar las órdenes del Título 42 como una medida improvisada de control de inmigración».
La procuradora general incidió en que el Gobierno admite que poner fin al Título 42 «probablemente resultará en inseguridad y un aumento temporal de los cruces ilegales».
«Pero -advierte- la solución al problema de la inmigración no puede ser extender de forma indefinida una medida sanitaria de forma indefinida que ahora todo el mundo reconoce que ha sobrepasado su justificación de salud pública».
En definitiva, el Ejecutivo considera que no puede mantener en vigor la normativa, que se basaba en un dictamen de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) que ya no está en vigor, y defiende, por tanto, retomar «el sistema migratorio prescrito por el Congreso».
Prelogar precisó que la intención del Gobierno es continuar aplicando un régimen de expulsiones bajo el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al Ejecutivo para deportar e incluso imponer penas a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles.
El Título 42 entró en vigor en marzo de 2020, bajo el mandato del presidente republicano Donald Trump (2017-2021), y ha permitido en este tiempo la expulsión acelerada de más de 2,7 millones de migrantes, la mayoría desde la frontera con México.
A mediados de noviembre, un tribunal federal del Distrito de Columbia ordenó la suspensión del Título 42, decisión que fue apelada por los fiscales de 19 estados y por el Gobierno de Joe Biden. EFE
