Expertos en políticas educativas en Venezuela advirtieron este 10 de febrero que la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica es un mecanismo de control del Estado y promueve el proselitismo político en las escuelas y liceos del país. La nueva norma fue aprobada por la Asamblea Nacional de 2020 el pasado 7 de febrero.
El proyecto extraoficial que han recibido los gremios educativos y autoridades está compuesto por 22 artículos y permite que los estudiantes puedan asociarse a organizaciones con fines políticos. La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) denunció el pasado 8 de febrero que la iniciativa busca que los jóvenes menores de edad se sumen a instancias pertenecientes al gobierno de Nicolás Maduro.
«Los artículos más importantes dicen que los estudiantes se organizarán en consejos estudiantiles, además les dicen que se elegirán voceros y representantes. También establecen un Congreso Nacional de Estudiantes. Es decir, la ley le dice al estudiante cómo va a participar, con qué fines, con quién y para qué», explicó Nancy Hernández, fundadora y directiva de Fenasopadres a Efecto Cocuyo.
La aprobación ocurre en el marco de las protestas sindicales en las que los maestros han sido los protagonistas y preocupa al cuerpo docente en el territorio nacional, debido a que afecta la totalidad de los centros educativos.
«Estamos viendo errores, la violación a la Constitución y a la participación. Esas irregularidades que ya eran una práctica se están convirtiendo en una norma a través de esta ley», dijo Raquel Figueroa, especialista en Políticas Educativas y dirigente sindical de Fenaprodo-CPV. «Por la vía del hecho ya se había venido imponiendo una práctica de control político partidista en las escuelas».
Este 10 de febrero Acceso a la Justicia reportó desde su cuenta oficial de Twitter que el texto oficial de la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica no aparece publicado en la página web del Parlamento.
«La ley también vulnera claramente la libertad de asociación y el derecho a la participación ciudadana, al consagrar como exigencia a los estudiantes asociarse en estas formas organizativas del gobierno nacional», indicó la ONG.
¿Qué establece la Ley de Participación Estudiantil?
De acuerdo con el artículo 1 de la ley, esta tiene el objetivo de «…promover y desarrollar los medios para la participación protagónica y el ejercicio de la ciudadanía activa de las y los estudiantes del subsistema de educación básica».
No obstante, profesionales de la Educación expresaron que es una violación directa a disposiciones constitucionales y que pretende que los jóvenes conformen «consejos estudiantiles» (artículo 17) y se involucren en discusiones de políticas públicas, todo bajo la vigilancia del Estado.
El artículo 12 establece que los adolescentes pueden constituir, inscribir y registrar personas jurídicas sin fines de lucro, así como realizar los «actos vinculados estrictamente a los fines de las mismas», a pesar de que en Venezuela esto solo se permite a mayores de 18 años. Así mismo, el artículo 20 del texto reza:
«Los Consejos Estudiantiles convocarán anualmente elecciones democráticas para elegir a las y los voceros estudiantiles en todas las instancias participativas, desde las aulas, liceos y escuelas, municipios, estados y a nivel nacional, con el apoyo del ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación».
Para Hernández es grave que la norma haya sido aprobada sin consultar a la totalidad de organismos educativos en el país.
«Establece una serie de mecanismos de estructuración y asociaciones con personalidad jurídica cuando los estudiantes, por su carácter de menor de edad, no han alcanzado la plenitud de sus derechos políticos. La ley dice que los estudiantes podrán nombrar a un representante legal: el único que tiene la potestad sobre el menor de edad es su mamá o papá, no un tercero al que no se le otorgado ese ejercicio de ser la voz del estudiante», puntualizó.
Reformas de leyes educativas
Raquel Figueroa recordó que la Ley de Participación Estudiantil es la continuación de una serie de leyes y reformas que el gobierno ha realizado desde 2007.
«Estamos ante un proceso continuo y progresivo de modificar toda la normativa que tiene que ver con Educación para ponerla al servicio del proselitismo partidista. Me refiero a estas normas que se han venido impulsando desde el 2007 para ajustar el sistema educativo al proyecto del gobierno», explicó la dirigente sindical.
Hernández señaló que los cambios en los reglamentos del sistema educativo se pausaron entre 2015 y 2020, pero luego fueron retomados.
«La resolución 058 que se promulgó en octubre de 2013 establece que los consejos educativos son una forma organizativa en la educación básica. Pero además de eso se han generado organizaciones como la Organización Bolivariana de Estudiantes, el Movimiento Cocineras de la Patria, los núcleos de investigación como forma sustitutivas. Son mecanismos tutelados por el Estado», dijo la directiva de Fenasopadre.
Añadió que el derecho a la libre asociación está contemplado en la Carta Magna venezolana y no está siendo respetado por el gobierno desde 2006. El artículo 67 de la Constitución del país establece:
«Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección».
El cierre del espacio cívico en Venezuela
Hernández alertó que desde finales de 2022 en Venezuela está registrándose un cierre acelerado del espacio cívico. Comentó que, en este contexto, la Ley de Participación Estudiantil se relaciona también con la Ley contra ONG, que la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó el 24 de enero en primera discusión.
Más de 30 asociaciones venezolanas se han pronunciado en contra de la iniciativa gubernamental y alertaron que puede representar «un punto de no retorno» para defensores de derechos humanos en el territorio nacional.
«Esto no lo podemos desligar del proyecto de ley de fiscalización de organizaciones no gubernamentales. Esta ley es un paso adelante al cierre del espacio cívico y va afectar no solamente a las ONG, sino a toda la sociedad venezolana. Aquel que quiera asociarse va a tener que cumplir con esa ley», culminó.
Con información de Efecto Cocuyo
