Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este viernes abrir una investigación contra los responsables de Google y Telegram en el país, por la «campaña abusiva» de las firmas tecnológicas para derrotar un proyecto de ley que busca combatir la desinformación.
«Determino la instauración de investigación de los directores y demás responsables de Google Brasil y Telegram Brasil que hayan participado en la campaña abusiva contra el proyecto de ley», escribió en su fallo el magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre Moraes, destacó AFP.
El juez ordenó a la Policía Federal convocar a declarar, en un plazo inicial de 60 días, a los responsables de ambas empresas en Brasil, opuestas al gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en un agrio debate sobre la polémica iniciativa.
Inspirada en la Ley de Servicios Digitales (DSA) recientemente aprobada en la Unión Europea (UE), la legislación fue presentada en 2020 para lidiar con una avalancha de desinformación en línea y actualmente espera un voto en la Cámara de Diputados.
Cobró notoriedad recientemente, después de que partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invadieran las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero, supuestamente incitados por la desinformación en las redes, que afirmaban que Lula había derrotado de manera fraudulenta al ultraderechista en las elecciones de 2022.
El texto del proyecto obliga a las plataformas a aumentar su transparencia, y a combatir los contenidos violentos y que atenten contra la democracia y las elecciones, los niños, adolescentes y la salud pública.
Entre otros opositores, Bolsonaro condena el proyecto: «El principio del fin de nuestra libertad», definió.
Las empresas tecnológicas también están contra la iniciativa que impondría multas de hasta 10% de su facturación, o la suspensión temporaria de sus servicios.
Google afirmó que conduciría a una «moderación excesiva», mientras que Telegram envió un mensaje a sus millones de usuarios en Brasil, advirtiendo que la «democracia está bajo ataque» y que el proyecto «da al gobierno poderes de censura».
Moraes ya había arremetido contra las plataformas por su campaña contra la iniciativa.
El miércoles ordenó a Telegram borrar su mensaje contra la ley so pena de suspender sus operaciones, acusando a la empresa de mensajería de difundir una «flagrante e ilícita desinformación».
Ese servicio de mensajería ya había sido suspendido por tres días en Brasil, en el marco de otra investigación relacionada con la violencia en escuelas.
De su lado, Google fue acusada por el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, de «manipular» los resultados de búsqueda destacando contenido opuesto al proyecto de ley, algo que la empresa negó.
Y la oficina de protección al consumidor ordenó a la compañía equilibrar sus mensajes contra la iniciativa con «contrapropaganda», o enfrentar una multa de un millón de reales (unos USD 200.000) por hora.
