El Gobierno colombiano y cabecillas de grupos armados ilegales que operan en Medellín y en el Valle de Aburrá, instalaron el viernes en la cárcel La Paz de Itagüí una mesa de diálogo, enmarcada en la política de la paz total, con el propósito de desmovilizar a más de 12.000 personas y acabar con la guerra en las comunas.
En una zona del centro carcelario adecuada para el acto, el coordinador de Justicia de Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Daniel Millares, se encargó de iniciar este «proceso de paz urbana» con la lectura de una declaración conjunta suscrita entre los representantes del Gobierno y las estructuras armadas organizadas.
A su vez, el alto comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, precisó que esta nueva fase instala un «espacio dialógico sociojurídico» que busca «avanzar» hacia una paz integral en una región golpeada por el conflicto urbano.
«Hoy estamos en un momento significativo para los millones de habitantes de Medellín y del Valle de Aburrá», declaró Rueda, y agregó que las bandas criminales “son conscientes y saben el reto conjunto que sus delegados-voceros y nosotros tenemos para poder construir esa paz integral que sueñan los barrios, las comunas».
Indicó que, después de un ciclo de acercamiento de 9 meses, están frente a un reto «muy grande», ya que se trata de un «proceso inédito» que podría suponer más de 12.000 desmovilizados si llegan a buen término las negociaciones.
«No sabemos cuánto va a durar, pueden ser dos años o tres», acotó el comisionado sobre los diálogos, que tienen como testigos a miembros de las embajadas de Suiza y Noruega, y de los que aseguró serán desde este momento abiertos, pues «nada será oculto» y «nada será en impunidad».
Rueda, además, reveló que el equipo negociador del Gobierno está siendo coordinado por el abogado Jorge Iván Mejía, el exsecretario de Gobierno de Medellín, quien estará acompañado por la senadora Isabel Zuleta, la excomisionada de la verdad Lucía González y la lideresa María Isela Quintero.
Mejía señaló que es «imposible» poner una fecha límite a las negociaciones y aseguró que en un «altísimo porcentaje, por no hablar del 100 %», todas las grandes estructuras criminales «hacen parte de este ejercicio».
Así como lo hicieron el pasado 28 de abril, cuando emitieron un comunicado para anunciar un cese de hostilidades y mostrar su interés en la política de la paz total, las bandas criminales ratificaron que atienden la «invitación» del gobierno de Gustavo Petro a participar de estos diálogos que inician sin que exista aún el marco jurídico para «resolver las situaciones socio jurídicas de los miembros de estas estructuras», dijo Sebastián Murillo, uno de los delegados de las bandas criminales.
Murillo, conocido como alias «Lindolfo», un cabecilla de la Oficina de Envigado, consideró que este día puede ser «una fecha más o el inicio de un cambio de rumbo» en Medellín y el Valle de Aburrá.
«Hoy llegamos a este espacio sin ninguna filiación política con la única esperanza de cambiar nuestras historias personales y la historia del país. Los que estamos aquí presentes hemos visto la cara de la guerra y sabemos hasta dónde nos conduce este camino transitado con dolor, por eso queremos intentar un sendero distinto, el de la paz, el del perdón y la reconciliación», enunció.
Entre los voceros principales de las estructuras armadas organizadas que participan en la mesa de conversación están Juan Carlos Mesa Vallejo alias «Tom», Jorge de Jesús Vallejo Alarcón alias «Vallejo», Gustavo Adolfo Pérez Peña alias «El Montañero», Juan Camilo Rendón Castro alias «el Saya», Albert Antonio Henao Acevedo alias «Albert», Freiner Alfonso Ramírez García, alias «Carlos Pesebre» y Mauricio de Jesús Morales Múnera.
Fuente: EFE
