El Gobierno ha intensificado su lucha para erradicar el uso de teléfonos móviles dentro de las cárceles, siete años después de promulgada una ley que prohíbe estos aparatos o el acceso a internet dentro de las prisiones, informó este lunes la ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista.
«Se hacen requisas diarias para erradicar que los privados tengan esos teléfonos, porque algunos a lo mejor es que quieren comunicarse con sus familiares, pero otros lo usan para otros actos que no deben ser», dijo la funcionaria al canal estatal VTV.
Explicó que en algunas prisiones, sin especificar cuántas o el porcentaje que representan, el Gobierno implementa un sistema de llamadas a parientes a través de teléfonos habilitados.
En 2016, el Parlamento, entonces de mayoría opositora, promulgó la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, con el fin de prevenir la comisión de delitos desde las cárceles, pero hasta el momento las ONG siguen denunciando extorsiones a comerciantes por parte de grupos delictivos que operan desde las prisiones.
La ministra indicó también que trabajan en el «descongestionamiento de los centros penitenciarios» a través de la revisión de penas de los detenidos, a quienes instó a emplearse dentro de las cárceles pues, explicó, dos días de trabajo reducen un día de condena.
Aseguró que los servicios en las prisiones son «totalmente gratuitos», por lo que ningún familiar o privado de libertad debe pagar por alimentación, asistencia jurídica y de salud, así como por las revisiones de medidas judiciales.
«Sí, se garantizan los derechos humanos de los privados de libertad y esa es línea del Gobierno venezolano», remarcó.
En su informe anual, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró que en las cárceles de Venezuela se registró un hacinamiento del 64,19 % durante 2022, con una población reclusa de 33.558 personas sobre una «capacidad real instalada» de 20.438 plazas.
