Luego de un proceso de rigurosa investigación, según sentencia Nº 289, redactada por el magistrado Maikel Moreno, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó procesar penalmente en Venezuela a Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza (29), por su presunta participación en el asesinato del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini.
Recordemos que el fiscal paraguayo fue asesinado el pasado 10 de mayo de 2022, en la isla Baru, Cartagena, Colombia, donde pasaba su luna de miel junto a su reciente esposa. Las investigaciones preliminares señalan que esa operación para matar a Pecci fue financiada por una red internacional del narcotráfico.
En ese sentido, el día del hecho según arroja la investigación, el venezolano Salinas Mendoza transportó en una moto de agua a la persona que le disparó a Pecci. Luego de ello, huyó a Venezuela llevándose parte de lo cancelado al grupo para ese sicariato.
Es por ello que Salinas Mendoza fue capturado en Altamira, municipio Chacao (Miranda), por agentes adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según informó en su momento el ministro de Interiores, Remigio Ceballos. Posteriormente, las autoridades colombianas consignaron ante Venezuela la documentación requerida para solicitar que le envíen vía extradición a Salinas Mendoza.
Los magistrados declararon improcedente tal planteamiento porque la Constitución prohíbe entregar a los venezolanos mediante la extradición, criterio que fue respaldado por el Ministerio Público.
Pero los magistrados verificaron que Colombia cumplió con los requisitos para la extradición, lo cual hace factible “someter el presente asunto a las autoridades venezolanas competentes, con el fin de que se proceda a su enjuiciamiento contra el mencionado ciudadano, a fin de evitar la impunidad”, dice la sentencia.
En tal sentido, el TSJ asume “el firme compromiso ante Colombia” de enjuiciar a Salinas Mendoza por la comisión de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones agravado en calidad de coautor a título de dolo, previstos en el Código Penal de Colombia.
En virtud del compromiso adquirido por Venezuela, la Sala Penal acordó solicitarle a Colombia “la asistencia jurídica necesaria para que remita todos los elementos de convicción que a bien tenga, que permitan realizar el adecuado juzgamiento de los hechos por los cuales se investiga al mencionado ciudadano”.
El acopiamiento de ese material deberá hacerlo el Ministerio Público a través de los canales diplomáticos, indicaron los magistrados.
Finalmente, la Sala resolvió remitir toda la documentación enviada hasta ahora por Colombia al Juzgado 1º de Control de Caracas, para que dé inicio al proceso penal correspondiente contra Salinas Mendoza.
