El Tribunal Especial 3° de Control con competencia en Terrorismo a cargo de Alice Hernández, ordenó por segunda vez en un año ocupar a ICM Proyectos 2001, una empresa que le presta servicios a las estatales Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas, dijeron fuentes judiciales.
La decisión de la jueza Alice Hernández se produce a petición del fiscal 94° nacional Renny Amundarain, quien investiga denuncias presentadas por Jesús Pérez Oropeza, ex socio de ICM Proyectos 2001. Pérez se fue de esa empresa en junio de 2019 para enrolarse en el proyecto político de Juan Guaidó a través de Carlos Vechio, quien se presentaba en las redes sociales como “Embajador de Venezuela ante los Estados Unidos”, de acuerdo a investigaciones.
Dos años después, Pérez decide volver a ICM Proyectos 2001 e interpone una demanda en forma de querella contra los directivos de esa compañía. En razón de esa demanda, el Tribunal Especial 3° de Control con competencia en Terrorismo, que para agosto de 2022 estaba a cargo de la jueza Luisa Garrido, decretó en esa fecha la ocupación de ICM Proyectos 2001 y designó como administradores especiales a Tomás Antonio Pérez Ruiz, Rafael Eduardo Renwick Soto y Gustavo López, presuntos empleados de Jesús Pérez en el negocio de la importación de aceite automotriz.
Una vez acordada esa primera ocupación por la jueza Garrido, la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia removió a dicha funcionaria. En su lugar, fue colocada Alice Hernández quien rechazó la querella interpuesta por Jesús Pérez contra ICM Proyectos 2001 porque ésta había sido “equivocadamente admitida por este Tribunal en fecha 28/3/2022…”, según se lee en el oficio 240-2022.
Ese oficio firmado por la jueza Alice Hernández fue emitido el 1° de noviembre de 2022 e iba dirigido al Servicio Administrativo de Registros y Notarías (Saren) para notificarle que quedaban sin efecto las medidas tanto de ocupación de la empresa ICM Proyectos 2001 como el congelamiento de sus bienes.
Un año después de esa decisión, es decir, la semana pasada, la misma jueza Alice Hernández, decretó nuevamente la intervención de la mencionada empresa cuya sede se encuentra en Puerto Píritu (Anzoátegui). Ello implicó que el jueves pasado, Pérez, Renwick y López, los mismos interventores de Agosto de 2022, volvieron a posesionarse de la compañía aliada de Petropiar.
Precisamente dicha medida ocurre cuando ICM realiza un mantenimiento preventivo necesario para incrementar la producción petrolera en Monagas y Anzoátegui acometida por Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas, explicó un experto ligado a la empresa.
Alrededor de este caso han revoloteado operadores del sistema judicial presuntamente exigiendo altas sumas en dólares y bienes inmuebles (apartamentos) a cambio dejar sin efectos la reciente medida del Tribunal Especial 3° de Control con Competencia en Terrorismo, revelaron fuentes.
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