El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ratificó este martes que San Miguel fue presentada la noche del lunes 12 de febrero ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, y que el MP solicitó para ella una medida privación de libertad por la “presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”.
Remarcó también que se solicitó prisión “preventiva” para González Canales por la “presunta” comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Saab aseguró que tanto la activista, como sus cinco familiares, aparecen “presuntamente involucrados” en la trama conspirativa denominada ‘brazalete blanco’, cuyo objetivo era “atentar en contra de la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios”.
En las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales, manifestaron su preocupación por la detención de San Miguel y han solicitado al Estado venezolano el respeto a sus derechos.
