Tarek William Saab, fiscal general de la República, confirmó este miércoles 14 de febrero que, a solicitud de los fiscales del Ministerio Público, fue acordada una medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la abogada y activista por los derechos humanos Rocío San Miguel Sosa.
Durante una rueda de prensa, Saab señaló que la medida fue dictada por el Tribunal 2° Contra Terrorismo durante una audiencia en la que San Miguel fue señalada por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.
«Se realizó la audiencia de presentación para ella y 5 ciudadanos venezolanos más, quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor, aparecen involucrados en la Trama Conspirativa denominada Brazalete Blanco», señaló a los medios de comunicación.
Aseguró que la detención de Rocío San Miguel ocurre luego de que un militar detenido por dicha trama la acusó de formar parte de la supuesta conspiración.
«Ella tenía una misión como parte de esa trama Brazalete Blanco, su misión en la operación era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando. Es en función de su implicación en este caso que ha sido detenida. Ella reconoce su papel de conspirar, de poner mal a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Europa», manifestó Saab.
En relación con los otros detenidos, entre los que se encuentran Miranda Díaz, hija de la abogada, Miguel y Alberto San Miguel, sus hermanos, y Víctor Díaz Paruto, padre de la hija de San Miguel, el fiscal señaló que fueron presentados y se les otorgó una medida cautelar menos gravosa, consistente en la presentación periódica al tribunal de la causa.
«Al momento de su detención, su entorno más cercano actuó al margen de la ley. Lamentablemente, al ocultar y encubrir medios probatorios pertenecientes a dicha ciudadana», dijo.
El sexto implicado es el oficial retirado Alejandro José González de Canales Plaza, exesposo de San Miguel, contra quien se solicitó y fue acordada una medida de privación judicial preventiva de libertad, según Saab.
González es señalado por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia, asociación y tergiversación de las desapariciones.
Saab negó que San Miguel y sus familiares hayan sido víctimas de una desaparición forzada, tal y como han venido denunciado sus abogados y diversas ONG luego de que se desconociera el paradero del grupo tras su detención.
«Es evidente que en este caso no se cumple la principal característica de una desaparición forzada, como es la negativa de las autoridades a reconocer la situación de privación de libertad, puesto que su detención fue comunicada oficialmente», indicó.
«Es lamentable que instituciones de derechos humanos se presten a este tipo de campaña», agregó.
San Miguel permanece detenida de forma preventiva en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Mientras que González Canales está recluido de manera preventiva en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Boleíta, de acuerdo con sus abogados.
