Acceso que el Gobierno de Estados Unidos tiene a los registros telefónicos de más de cien millones de usuarios desata ola de críticas de grupos de defensa de los derechos civiles
El gobierno del presidente estadounidense Barack Obama realiza una operación de monitoreo a gran escala de las comunicaciones telefónicas de millones de ciudadanos, según informes de prensa no desmentidos por la Casa Blanca, desatando la airada reacción de grupos de defensa de los derechos civiles y de respeto a la privacidad.
Un alto funcionario de la Casa Blanca argumentó que la revisión de los registros telefónicos de los usuarios es una importante herramienta en la lucha contra el terrorismo.
El funcionario del gobierno de Barack Obama no confirmó explícitamente los informes de prensa acerca de la existencia de una orden judicial que permita esta práctica, aunque reconoció que de hecho se lleva adelante.
El diario británico The Guardian informó que se ordenó al operador telefónico Verizon proporcionar diariamente a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) información sobre todas las llamadas telefónicas en su sistema, tanto dentro de Estados Unidos como entre éste y otros países.
El periódico citó una orden judicial altamente secreta emitida en abril, de la cual indicó haber obtenido una copia, la que reprodujo online.
«El documento muestra por primera vez que bajo el gobierno de Obama se recogen indiscriminadamente y en grandes cantidades los registros de comunicaciones de millones de ciudadanos estadounidenses, independientemente de que sean o no sospechosos», señaló The Guardian.
Contra el terrorismo
El funcionario de la Casa Blanca, pese a que evitó confirmar específicamente que tal actividad tiene lugar, indicó que el tipo de información que se describe en el artículo es una «herramienta clave» para la protección del país de amenazas terroristas.
Ello «permite al personal de contra-terrorismo descubrir si terroristas conocidos o sospechosos han estado en contacto con otras personas que pueden estar involucradas en actividades terroristas, particularmente personas que se encuentran dentro de Estados Unidos», señaló.
De acuerdo con The Guardian, la orden requiere la entrega de los números telefónicos de ambas partes de la comunicación, la localización y duración de la llamada, así como la hora e identificación. En cambio, no se requieren los contenidos de la conversación.
Gente inocente bajo
control del Gobierno
La Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA) otorgó la orden al FBI el 25 de abril, por un período de tres meses que culmina el 19 de julio, agregó el diario.
«Se trata de un programa en el que un número no especificado de gente inocente es puesta bajo el control permanente de agentes del gobierno», dijo Jameel Jaffer, subdirector legal de la Unión estadounidense por las libertades civiles (ACLU).
«Esto trasciende lo orwelliano y es otra prueba de hasta que punto los derechos democráticos fundamentales son secretamente sometidos a las exigencias de agencias de inteligencia sin control», agregó.
El exvicepresidente demócrata Al Gore, en su cuenta de Twitter concordó: «En (esta) era digital, la privacidad debe ser una prioridad. Soy solo yo, o este manto secreto de control es obscenamente ultrajante?»
Electronic Frontier Foundation (EFF), un grupo sin fines de lucro sobre derechos en el área digital con sede en San Francisco, indicó que el «monitoreo generalizado doméstico» se realiza desde hace al menos siete años, cuando George W. Bush ocupaba la presidencia.
«Es muy probable que órdenes de registro como éstas existan para todas las grandes empresas estadounidenses de telecomunicaciones, lo que significa que si usted hace llamadas en Estados Unidos, la NSA tenga esos datos», agregó la ONG.
Piden al Congreso
que investigue
En lo inmediato no hubo reacciones de Verizon, que junto a AT&T, Sprint y T-Mobile, son los mayores operadores telefónicos en el país, donde 87% de la población dispone de un teléfono móvil.
«Ahora que este control anticonstitucional fue revelado, el gobierno debe ponerle fin e informar sobre su alcance real», dijo Michelle Richardson de la oficina legislativa de la ACLU en Washington.
El Congreso debería igualmente abrir una profunda investigación, agregó
