En una entrevista con The Associated Press, Marco León Calarcá dijo que no debe haber atajos y que las cuestiones pendientes de una agenda preestablecida el año pasado de seis puntos -que entre otros incluye la reintegración política, narcotráfico, indemnizaciones a las víctimas y aplicación del acuerdo- son difíciles de resolver
LA HABANA. Uno de los principales negociadores del más importante grupo rebelde de Colombia rechazó la insistencia del gobierno de que las conversaciones concluyan para noviembre antes de las elecciones nacionales, aduciendo que el presidente Juan Manuel Santos no debe anteponer su ambición personal al proceso de paz.
En una entrevista con The Associated Press, Marco León Calarcá dijo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que él y otros rebeldes representan, esperaban que las negociaciones de meses conduzcan finalmente a la paz y consideró positivo que ambas partes hubieran logrado un acuerdo general el domingo pasado sobre el primer gran punto de disputa entre ellos: la reforma agraria y los problemas de la tierra.
Pero a la vez agregó que no debe haber atajos y que las cuestiones pendientes de una agenda preestablecida el año pasado de seis puntos —que entre otros incluye la reintegración política, narcotráfico, indemnizaciones a las víctimas y aplicación del acuerdo— son difíciles de resolver.
«Esperamos sea más fluida la discusión», indicó Calarcá en la entrevista esta semana. «Pero igual no son temas fáciles, precisamente por la importancia es que están ahí en agenda general».
Las conversaciones entre Colombia y las FARC comenzaron en Oslo, Noruega, en octubre y continúan desde noviembre en la capital cubana, por lo que se tardaron seis meses en presentar un resultado sobre el primer punto.
El presidente Santos, presionado ante de las elecciones en su país en mayo del 2014, en las que busca su reelección, ha dicho que se retirará de las negociaciones si no se llega a un acuerdo para noviembre.
Calarcá, uno de los principales negociadores en la mesa de paz, es miembro del secretariado dirigente del grupo guerrillero.
Analistas dicen que el destino electoral de Santos está vinculado al éxito de las conversaciones y mostraron su declinación en las encuestas como un factor que podría favorecer las discusiones, puesto que los rebeldes podrían temer que cualquier progreso adelantado quedaría nulo si Santos pierde los comicios.
Pero Calarcá negó rotundamente el argumento y agregó que una derrota de Santos podría incluso traer un mejor negociador a la presidencia.
«¿Por qué va a ser negativo que pierda Santos si quien gana es la izquierda?», se preguntó Calarcá, agregando que los rebeldes instaron a todos los candidatos a que se comprometieran con el proceso. «No sólo con Santos puede haber proceso. Tampoco estoy diciendo que estamos en contra de la reelección».
Calarcá también cuestionó que la campaña electoral tenga un impacto sobre las conversaciones.
«Es lamentable es que el proceso y sus resultados negativos o positivos se liguen a unas aspiraciones personales», comentó. «La paz es algo muy importante».
Estas negociaciones de La Habana son el cuarto intento desde la década de 1980 por desarmar el conflicto en Colombia, que ha estado en guerra desde que los rebeldes tomaron las armas en 1964.
Una escalada militar respaldada por Estados Unidos que comenzó en el 2000 redujo las filas de las FARC a unos 9.000 combatientes y mató a varios comandantes, aunque los rebeldes insisten en que siguen siendo una fuerza potente y bajo esta premisa se sentaron a la mesa de igual a igual con el gobierno.
Calarcá no ofreció detalles del acuerdo sobre la cuestión rural al que sus correligionarios y el gobierno colombiano llegaron domingo —citando un pacto confidencial_, pero aseguró que millones de hectáreas de las que fueron despojadas a los campesinos pobres por grupos armados les serán devueltas.
En este sentido, también rechazó la afirmación del gobierno de que un tercio de todas las tierras en disputa fueron arrebatadas por las FARC y en cambio indicó que los rebeldes no tienen interés en reclamar ni una solo parcela para sí mismos.
Insistió en que el grupo no estaba involucrado en el narcotráfico pese a las acusaciones de que la insurgencia se financió en buena parte cobrando a los narcotraficantes por la protección de sus cultivos de coca.
Resarcimiento a víctimas
Paralelamente, Calarcá subrayó que los rebeldes están dispuestos a discutir el resarcimiento para las víctimas del conflicto y no niegan su culpabilidad por una parte del sufrimiento de la guerra, aunque rechazó toda noción de que deban ser juzgados como criminales.
«Nunca fue nuestro propósito afectar a civiles», dijo el dirigente rebelde. «No nos levantamos en armas porque sea muy placentero, las políticas que tienen a Colombia en guerra son responsabilidad del Estado».
Calarcá afirmó que el gobierno no debe esperar que los rebeldes admitan que su insurgencia fue injustificada y en cambio esperan poder fijar una reglas de justicia en el marco del acuerdo sobre la mesa.
«Después de 50 años de guerra», dijo Calarcá, el gobierno no puede pretender que las FARC y sus guerrilleros le digan: «estábamos equivocados, tenga las armas y dígame cuántos años (de cárcel) me corresponde».
