El secretario general de la Fundación Ombudsman, Robert Alvarado, asistido por su abogado Aldredo Calles, solicitó ante la Fiscalía General de la República, un antejuicio de mérito contra el Gobernador del estado Yaracuy, Julio León Heredia, a través de una ratificación y ampliación de la denuncia interpuesta desde hace más de 10 meses y que hasta la fecha no ha sido investigada y que señala al Gobernador de esta entidad, de supuesto nepotismo, testaferrato y tráfico de influencias en la contratación de obras.
Aldredo Calles, abogado que lleva la causa, indicó que es necesario que la fiscalía investigue cómo habría llegado el Gobernador de Yaracuy al poder, cuando en la denuncia introducida se evidencian facturas que presumen son recursos provenientes del narcotraficante Walid Makled.
“Es la fiscalía quien debe investigar con los elementos de convicción que he sean introducido y que muchos ya están consignados desde agosto de 2012 cuando se denunció por primera vez esta situación. Es por eso hoy ratificamos la denuncia y ampliamos la misma con más elementos, porque no es posible que la justicia funcione a conveniencia”, apuntó Calles, quien mencionó que mientras hay “extrema” diligencia contra dirigentes opositores al régimen como es el caso de Richard Mardo o Antonio Rivero, se omiten actuaciones de corrupción de dirigentes políticos de la revolución.
Calles sostuvo que el combate de la corrupción debe ser para todos sin distingo político alguno, pues son las instituciones del Estado quien deben velar porque se cumplan las leyes, por lo que instó a que estas irregularidades administrativas denunciadas, se investiguen también dentro de la Asamblea Nacional, como ente contralor del Ejecutivo Nacional, a fin de interpelar al Gobernador yaracuyano.
En la ratificación y ampliación de dicha denuncia se mencionan además supuestas contrataciones irregulares con los ciudadanos miguel Ángel Pagliari, Oscar antonio pagliari y Anibal Stirling, hermanos y sobrino respectivamente de Elisa Pagliari Centeno, actual Directora Regional de INAVI en Yaracuy, a quien acusan de presunta “continuidad del testaferrato y tráfico de influencias” lo cual se contempla en la Ley Contra La Corrupción, en la Ley de Contrataciones públicas y van en detrimento del Patrimonio Público.
Indicaron que esperan se abran las averiguaciones correspondientes a través de la Fiscalía 12, donde fueron remitidos, a fin de que sea esta instancia quien de la apertura de dicha investigación.
