Desde que Revolución Bolivariana inició el proceso de empoderamiento del pueblo, traducido esto en primero en la cogestión, luego las cooperativas, acto seguido: empresas de producción social (EPS) y ahora, las empresas comunales, Fedeindustria le ha dado la más cordial bienvenidas a todas las formas de organización distintas a la tradicional pequeña y mediana empresa, empresa familiar y empresa privada.
Los argumentos para asumir esta posición son múltiples, pero en un principio, frente a las nacionalizaciones y expropiaciones, señalamos que una de las ventajas es que cuando el Gobierno deja de ser un manager desde la tribuna para meterse en el terreno del juego, entiende mejor las cosas.
En consecuencia, esto favorece al sector privado, quienes dependen de la comprensión del Gobierno para recibir ajustes de precios en los bienes que producen o para que las normativas jurídicas o políticas públicas que diseña el Ejecutivo favorezcan la actividad que realizan.
Los tomadores de decisiones al no ver los toros desde las barreras, cuando miran las cifras, inventarios, manejo logístico y de conflictos laborales de algunas empresas del Estado que ellos administran, comprenden realidades “fábrica adentro” que le permiten vislumbrar que muchas normativas laborales, congelamiento de precios, retrasos cambiarios, problemas en los puertos, etc., tienen un impacto contraproducente para las mayoría.
El mismo razonamiento lo utilizamos cuando vino la propuesta de la economía comunal. Que el pueblo, las comunidades organizadas, los consejos comunales y en fin la ciudadanía en general, conozcan –a través de empresas conformadas por ellos mismos- las complejidades del manejo de personal, de la depreciación de equipos, de los costos de reposición y la sostenibilidad que debe tener toda organización que produzca bienes o preste servicios, posiblemente hará que tengan una madurez para comprender los procesos económicos desde una perspectiva más pragmática y desprejuiciada del único de víctima, de sujeto pasivo.
Aunque esto se logra con el mediano y largo plazo, una vez que se concrete, estamos seguros que la población tendrá mayor capacidad de comprender porqué –a veces- es necesario devaluar, subir los precios y modificar leyes. Este empoderamiento hará que los hijos puedan advertir a los padres a tiempo, cuando sientan que las decisiones de los jefes familiares, puedan afectarlos negativamente en el futuro.
Quizás los hijos sean capaces de entender y tener conciencia que algunas medidas que tomamos los padres son para su beneficio, y en consecuencia, disminuya la resistencia que -por lo general- oponen cuando no aceptan algunas acciones.
Miguel Pérez Abad
