Con multas, inspecciones sorpresivas a comercios y el despliegue del «pueblo organizado», el Gobierno de Venezuela relanzó una ofensiva para controlar los precios, en medio de un creciente desabastecimiento y una inflación que en lo que va del año casi supera todo lo registrado en el 2012.
La ofensiva es encabezada por el nuevo director de la oficina nacional de protección al consumidor (Indepabis), Eduardo Samán, quien el miércoles llamó a «detener esta locura que se desató con la especulación, con el tema del abuso hacia la gente en todos los niveles»
«Nosotros comenzamos ayer con un despliegue de todo el Indepabis a nivel nacional, cambiamos toda la directiva y casi todos los coordinadores regionales», dijo Samán al canal privado Globovisión.
El plan para combatir la «especulación» contempla la creación de un cuerpo de «movimientos sociales» conformado por «estratos de la clase media» que colaborará en la tarea de controlar los precios en los comercios, explicó.
«Pensamos con la clase media enfrentar esto, porque es la clase que está siendo más golpeada. Nosotros la vamos a incorporar, clase media organizada», dijo.
«La defensa la da la gente, el pueblo organizado. Es la transferencia del poder al pueblo organizado», añadió.
Dentro de este plan, Samán señaló que se desplegarán a 400 personas «de trayectoria reconocida socialmente» que irán a los comercios para supervisar los costos.
El propio Samán encabezó el martes un operativo en el centro de Caracas transmitido por la televisión estatal en el que se inspeccionó a «varios» comercios y se aplicaron multas por hasta 53.500 bolívares (unos 8.492 dólares) por presentar «irregularidades» en los precios.
El funcionario, conocido por el agresivo programa de nacionalizaciones que lideró en su paso por el Ministerio de Comercio entre 2009 y 2010, aseguró al asumir el mando del Indepabis que a los «especuladores se les acabó la fiesta» y arremetió contra los presuntos abusos del control de cambios por parte de los importadores privados.
«Hay que atacar la corrupción funcionarial y empresarial», manifestó.
El control estatal de cambio prevé que cada dólar requerido por empresas y particulares el Estado sea cambiado a 6,30 bolívares, cotización que fácilmente se triplica y hasta cuadruplica en el ilegal mercado paralelo.
«Cuando un empresario importa un producto a 6,3 y luego lo coloca en el mercado al precio del dólar ilegal, eso es corrupción», dijo Samán.
