Vanguardia hizo pública una carta esta semana explicando su decisión de no aceptar las disposiciones de la ley, por las que el Gobierno de Ecuador puede determinar los temas que debe abordar
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que la Ley de Comunicación aprobada por el Gobierno de Ecuador «comenzó a cobrar sus primeras víctimas», con el anuncio de la clausura de la revista Vanguardia de ese país.
Para la SIP esa norma, a la que se refiere como la «ley mordaza», es el retroceso «más grave» para la libertad de expresión en los últimos años y recuerda que ha sido criticada por otras organizaciones periodísticas internacionales, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado, la SIP explicó hoy que, con la nueva ley, la revista Vanguardia, «que desde su nacimiento hace más de siete años desarrollaba investigaciones periodísticas sobre temas de actualidad, simplemente ha quedado inhabilitada de hacer su tarea».
Vanguardia hizo pública una carta esta semana explicando su decisión de no aceptar las disposiciones de la ley, por las que el Gobierno de Ecuador puede determinar los temas que debe abordar», nombrar a «un comisario censor» y prohibir la publicación de noticias judiciales «hasta que exista sentencia ejecutoriada de última instancia».
«Tampoco están dispuestos a cumplir las nuevas normas que impiden reseñar asuntos penales y de corrupción, obligan a los medios a asumir responsabilidad por las opiniones de terceros, habilita al Estado a disponer cómo se titulan los artículos y encarga a un superintendente designado por el presidente Correa a supervisar, fiscalizar y sancionar a la prensa que se salga de la línea oficial», explicó la SIP.
En su escrito, los directivos de Vanguardia añadían que «no lo toleraremos jamás», porque «sería indigno y contrario a los valores que defendemos».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, lamentó el anuncio del cierre de Vanguardia y responsabilizó al presidente de Ecuador, Rafael Correa, de estar aplicando «una política sistemática y liberticida con el propósito de acallar todas las voces disidentes».
«Es comprensible la reacción de la revista Vanguardia ante el panorama de cerrojo a la libertad de prensa impuesto por la ‘ley mordaza’ de Correa y, también, es lamentable que continúen silenciándose voces en Ecuador a raíz de úcases presidenciales con forma de ley que conculcan los derechos humanos más elementales», defendió Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda.
El pasado viernes, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó su «preocupación» por la nueva ley ecuatoriana y llamó al Gobierno de Correa a «adecuar su normativa a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión».
