En nombre de la Mesa de la Unidad, el Coordinador de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Luis Izquiel, manifestó su solidaridad con la familia de las víctimas de la masacre ocurrida el pasado 4 de junio, en el sector Las Calderas, municipio Colina del estado Falcón, en la cual fallecieron las ciudadanas, Luiminer Pacheco y su hija, Maria Gabriela Perez Pacheco, a manos de efectivos de la Guardia Nacional.
“Hoy una familia venezolana se ve enlutada por la improvisación e irresponsabilidad del Gobierno nacional” dijo Izquiel, vocero de la alternativa democrática que recurrentemente ha advertido la inconstitucionalidad e inconveniencia de colocar a soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional en labores de seguridad ciudadana, por su falta de capacitación y la flagrante violación a la Constitución en su artículo 332, que claramente expresa, que es a los cuerpos de seguridad civiles a quienes compete esta tarea.
El representante de la Unidad, también dijo “Setenta disparos contra una madre y sus hijas indefensas, recaen en la responsabilidad de los efectivos de la Guardia Nacional, pero la responsabilidad política y moral pesa sobre Nicolás Maduro y su ministro de Interior y Justicia, quienes autorizaron que soldados inexpertos, sin capacitación y portando armas de guerra, se encuentren hoy cumpliendo funciones que no les son propias”.
Asimismo reveló las constantes contradicciones que incurre, a diario, el Ministro Miguel Rodríguez Torres, para quien ‘supuestamente’ existe una reducción del índice de criminalidad en el país cuando las estadísticas -que celosamente llevan diversos medios de comunicación-, señalan que desde el inicio del «Patria Segura», la actividad delictiva ha ido en ascenso. “Mentirle a los venezolanos no va resolver la terrible inseguridad que azota al país”.
La ocasión también fue propicia para denunciar el anuncio que hiciera este mismo ministro sobre la intervención y eliminación de cuerpos de seguridad regional y municipal. “Venezuela presenta hoy un déficit de, por lo menos, 60mil policías preventivos y de 335 municipios existentes, sólo 99 poseen una policía propia. Se hace evidente la necesidad de ampliar y fortalecer los organismos de seguridad, no debilitarlos, eliminarlos o centralizarlos. De otra forma, los lamentables hechos de Coro podrían repetirse”, sentenció Izquiel.
Para finalizar, el abogado-penalista y criminólogo reiteró la importancia de las gestiones locales para dar solución y respuesta, con hechos y resultados, a la seguridad ciudadana de todos los venezolanos.
