Mediante la emisión de un «Motu Proprio», un decreto por iniciativa propia, Francisco también dijo que quería renovar el compromiso de la Santa Sede con las convenciones internacionales contra delitos como el lavado de dinero y el terrorismo
CIUDAD DE VATICANO. El Papa Francisco reformó el jueves la legislación del Vaticano para especificar que la violencia sexual contra los niños es un delito y para imponer duras penas al personal que filtre información confidencial de la Santa Sede, una medida que busca poner fin a años de escándalos que dañan a la Iglesia Católica.
En virtud de los cambios, la violencia sexual y los actos sexuales con niños y la prostitución y la pornografía infantiles se incluyen dentro de una definición más amplia de la categoría de crímenes contra menores y son punibles con hasta 12 años de prisión, indicó un documento del Vaticano.
Francisco, quien sucedió al Papa Benedicto XVI en marzo, ha heredado una Iglesia que lucha por restaurar su credibilidad tras una serie de escándalos, incluyendo abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes y una investigación por lavado de dinero en el banco del Vaticano.
Los cambios normativos rigen sólo dentro del estado Ciudad del Vaticano, pero buscan demostrar que el Papa está tomando en cuenta seriamente los diversos escándalos y que apunta a alinear la política de la Iglesia Católica con los estándares legales internacionales.
La Red de Sobrevivientes de Abusos por parte de Sacerdotes (SNAP por su sigla en inglés) se mostró poco satisfecha, diciendo que la iniciativa del Papa repararía superficialmente la imagen del Vaticano pero que «en el mundo real esto no cambia prácticamente nada», dado que sólo afecta al pequeño territorio de la ciudad-Estado.
La SNAP instó a la jerarquía de la iglesia a que se focalice en que su personal cumpla con las leyes seculares de larga data sobre abuso sexual y erradique a los obispos que no logran proteger a los niños.
El Vaticano también se vio convulsionado el año pasado por el caso de filtraciones conocido como «Vatileaks», por el cual el mayordomo de Benedicto XVI, Paolo Gabriele, fue condenado por robar documentos papales personales y divulgarlos a los medios.
El empleado fue perdonado por Benedicto XVI luego de una corta estadía en prisión.
• MANEJOS OSCUROS
Antes de renunciar en febrero, Benedicto XVI dejó a su sucesor un informe secreto sobre las filtraciones de documentos internos en los que había acusaciones de corrupción, mala administración y disputas intestinas en el Vaticano.
El decreto de Francisco incluye normas más estrictas sobre la divulgación de datos o documentos secretos y estipula un castigo de hasta ocho años de cárcel si se refieren a «intereses fundamentales» de la Santa Sede o el Gobierno de la Iglesia.
El Papa también dijo que, como parte de los cambios, serían implementadas convenciones de Naciones Unidas sobre el crimen organizado internacional, el tráfico de drogas y la financiación del terrorismo.
Giuseppe Dalla Torre, presidente del tribunal de Ciudad del Vaticano, dijo que el sistema penal del pequeño estado -basado en códigos penales italianos de entre 1889 y 1913- había sido actualizado para lidiar con delitos más modernos.
«La evolución de la sociedad y la economía, y el fenómeno de la globalización, han demostrado que hay una necesidad de brindar (soluciones) a nuevas situaciones», dijo Dalla Torre en conferencia de prensa.
«El problema de lavado de dinero sucio es evidentemente un problema relacionado, por un lado, con la globalización de la economía y, por el otro, con la expansión de cierto tipo de economía financiera», añadió.
El banco del Vaticano, plagado de acuerdos secretos y oscuros durante años, está en el centro de una investigación por parte de fiscales italianos sobre lavado de dinero.
Agencias
