Un tribunal ordenó la detención de ocho personas, entre ellas cuatro funcionarios públicos, por su presunta vinculación con el desfalco por más de 84 millones de dólares a un fondo estatal que mantienen Venezuela y China, informaron este viernes autoridades judiciales.
Un tribunal capitalino decidió el arresto de ocho personas, cuatro empleados de la empresa privada Compañía Venezolana de Mantenimiento Industrial y cuatro funcionarios públicos, por su supuesta relación con el desfalco en un plan de producción de alimentos para los años 2011 y 2012 del Fondo Chino Venezolano, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Siete de los detenidos fueron recluidos en la sede capitalina de la Dirección de Contrainteligencia Militar, mientras que a María Gabriela Dona García, analista en la coordinación legal del fondo estatal, se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario por encontrarse embarazada.
Los cuatro empleados de la empresa privada fueron imputados por presuntamente incurrir en los delitos de estafa agravada, obtención fraudulenta de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir. A los cuatro funcionarios públicos se los acusó de actuar como presuntos cooperadores inmediatos en los hechos irregulares cometidos por la empresa privada y coautores de los delitos de malversación de fondos públicos, forjamiento de documento público y asociación para delinquir.
Las investigaciones sobre el presunto desfalco se iniciaron en diciembre del año pasado, precisó la Fiscalía.
En 2008 Venezuela y China crearon un fondo binacional para el financiamiento de proyectos entre ambos países. El gobierno venezolano ha recibido cerca de 36.000 millones de dólares a través de ese fondo. El fondo chino es administrado a través de estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).
La detención de estas personas coincide con el plan de combate a la corrupción que inició el presidente Nicolás Maduro el mes pasado que implicó la captura del jefe del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria de la terminal portuaria de La Guaira y del director nacional de Inspección y Fiscalización del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
El líder opositor, Henrique Capriles, desestimó esta semana las acciones de la administración de Maduro para combatir la corrupción y dijo a la prensa que esas medidas son «pura apariencia, un cuento chino» para «hacerle creer al pueblo que sí se ocupan de la corrupción».
«No cae ningún pez gordo, porque si persiguen a todos, se quedarían sin gobierno», añadió.
AP
