Ante la situación de inseguridad ciudadana que vive nuestro país, en la que cada día nos enteramos de nuevos hechos de los que son víctimas personas cercanas, los robos, estafas e incluso lesiones que en el peor de los casos afectan nuestras vidas son realidades que pueden suscitar en nosotras y nosotros distintas reacciones. Entre ellas, la que más escuchamos es la necesidad de poner mano dura a las y los “delincuentes”; de implementar una política de tolerancia cero al delito, que le quite toda oportunidad de acción. Evidentemente, esto viene del anhelo de tener una patria segura, donde poder realizar nuestra vida con cierto margen de tranquilidad.
Sin embargo, este tipo de políticas no tienen los resultados que esperamos, según nos dice la experiencia de nuestro país y de otros muchos países del mundo.
Sanciones justas
La mano dura o la tolerancia cero han sido en innumerables casos, la excusa para implementar políticas discriminatorias que terminan afectando a los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad. Y eso se debe a lo que se ha llamado la criminalización de la pobreza, que es “aquella forma de pensamiento según la cual, las personas que viven en sectores populares, especialmente los jóvenes, sin acceso a servicios básicos, educación o empleo y que generalmente tienen un tono de piel morena o oscura son delincuentes por el hecho de su condición social, y por ende, se merecen de antemano la sospecha y el castigo”.
De ahí que se amparen los abusos policiales bajo el pretendido de que se vale todo para controlar la delincuencia; y para restringir otros derechos civiles que son fundamentales en un Estado de Derecho.
Ahora bien, sin duda, ante la comisión de un delito, el o la responsable debe recibir una sanción previamente establecida en la legislación nacional. Esta, no es la cuestión a discutir.
Lo que queremos plantear en este espacio es la necesidad de pensar sobre la aplicación de esa sanción. Como sociedad nos hemos esforzado por incluir a cada vez más ciudadanos y ciudadanos a la vida pública y al goce real de los derechos que como personas tenemos. La aplicación de la sanción debe dar cuenta de ese esfuerzo.
En principio toca hablar de las condiciones en las que una persona es declarada culpable. Allí la policía de investigación científica tiene un papel relevante, no sólo desde su capacidad técnica y operativa; sino especialmente desde la ética con la que debe ejecutar su trabajo. Lo que nos plantea la posibilidad de contar con una policía científica muy bien formada, actualizada, con acceso a las últimas tecnologías forenses; pero al mismo tiempo con vocación, compromiso con su trabajo y con el país; y con una ética fundamentada en la justicia como bien supremo.
Al mismo tiempo, planteamos la necesidad imperiosa de hacer realidad la letra constitucional que pide privilegiar el juzgamiento en libertad (Art. 44). Anhelo en el que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial tienen la plena competencia para, en principio, evitar el excesivo encarcelamiento preventivo que llena nuestro sistema penitenciario de personas que aún no tienen sentencia firme sobre su culpabilidad. Estos poderes también tienen la responsabilidad de sensibilizar a la población, a jueces, fiscales, defensoras y defensores para que el proceso judicial no sea una sanción más, que afecta por igual a culpables e inocentes.
Por último, pero tan importante como lo anterior, debemos poner especial atención en las condiciones en que esa sanción es implementada; en las dificultades de nuestro sistema penitenciario. Un sistema que se encarga de castigar excesivamente al culpable y al que no lo es; que reproduce el delito, la exclusión y que es un hoyo negro al que parece no le encontramos fin.
En definitiva, lo que queremos discutir es que esa mano dura que tantas veces pedimos es una renuncia a nuestra condición de sociedad democrática. Es en muchos de los casos, aplicar más un castigo que una sanción, incluso antes de que la justicia así lo determine.
Tal vez sería más constructivo que como sociedad comenzáramos a apoyar a esas no pocas voces que se alzan en pro de mejorar la aplicación de la justicia, de buscar formas alternativas a la cárcel para la imposición de penas, de fortalecer el sistema penitenciario para garantizar condiciones dignas a las personas internas y posibilidades de redención en una patria que necesita estar y sentirse segura.
En fin, es el trabajo profundo de una sociedad que debe comenzar a pensar en nuevas formas de pacificarse, más allá de la prisión como sanción, tal como la concebimos hoy.
Referencias bibliográfica
MALANDROS Identidad, Poder y Seguridad. Jornada de Debate, Abril- Mayo. 2010. 89pp.
Red de Apoyo, La Voz de los derechos humanos: Crimen de pobreza, 21 de octubre de 2012.
Se necesita
una revolución
penitenciaria
Reflexionemos sobre esto: No es la mano dura lo que hará que la delincuencia y la violencia en general cesen. Se trata más bien del trabajo profundo en un sistema judicial que necesita ser más justo, que queremos se apegue a los preceptos constitucionales. Es el trabajo profundo en un sistema penitenciario que necesita una revolución dentro de sí
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