Micrófono en mano, «Tumba» llama a dejar la mala vida, como hizo él, a un centenar de malandros (delincuentes) que lo escuchan, escépticos, en un terreno bordeado por maltrechas casas en lo alto de una colina de las afueras de Caracas.
«Si no tenemos un proyecto de vida ahorita, nuestros hijos van a ser peores que nosotros. Se los digo yo, hermanos, que en lo que caí preso mi mamá no aguantó mucho la presión y se me murió», les dice en la charla en un poblado de los Valles del Tuy.
«Tumba», José Rondón, de 35 años, les habla de su época de delincuente y los invita a sumarse al plan de amnistía y desarme que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar la mayor preocupación del venezolano: la violencia criminal.
Pero su llamado parece no tener eco. Varios de los jóvenes confesaron a la AFP su temor a ser perseguidos judicialmente o a que sus pistolas terminen en otras manos.
«No entregaría mi arma. No estoy de acuerdo… ¿cómo defendería mis cosas?», dice José Correa, con un juicio pendiente por homicidio y posesión de droga.
Desde que fue promulgada hace un mes la Ley para el Control de Armas solo han sido entregadas voluntariamente 18 pistolas, admitió el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez.
A pedido de Rodríguez, la Iglesia católica se sumó el miércoles al programa de desarme, buscando ganar la confianza de los delincuentes.
En Venezuela, el país más violento de Sudamérica con 54 homicidios por cada 100.000 habitantes, hay cerca de «un millón y medio de armas ilegales», estimó Pablo Fernández, secretario del plan gubernamental de seguridad.
Para enfrentar la inseguridad ciudadana, Maduro sacó al Ejército a la calle y promulgó rápidamente la ley sobre armas, tras dos años estancada en el Parlamento.
¿A cambio de qué?
Pero Correa, líder de una banda en el estado Miranda (norte) -el de mayor delincuencia según el gobierno-, entiende a su manera el desarme, como muchos jefes de bandas delictivas.
«Recogí todas las armas de mi grupo y las guardé para cuando se tengan que utilizar», afirma Correa, quien dice haber caído en la delincuencia «por problemas con personas de mi barrio».
Pero, a sus 37 años, asegura que intenta dejar esa vida con un proyecto personal de gallinas ponedoras y acercándose a su familia. «Llevo a mis dos hijos a la escuela y al fútbol. ¡Ya basta de matarnos entre nosotros!», sentencia.
Solo en el primer trimestre de 2013 se cometieron en Venezuela unos 3.400 homicidios, 79% con armas de fuego y la mayoría por jóvenes de 14 a 25 años, según datos oficiales.
Al sustituir en abril a su mentor, el fallecido presidente Hugo Chávez -quien eludía hablar de la violencia-, Maduro prometió «parar la fábrica de delincuentes».
Matizando luego su discurso para sensibilizar a la población, se autodenominó el «presidente de la paz» y retomó el término que acuñó Chávez, llamándolos «bienandros» en lugar de «malandros».
Para Daniel Luz, experto en seguridad ciudadana del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina, la sola entrega de armas no resuelve el problema.
Su pistola, sostiene, es el medio de vida de los delincuentes: «O les garantizas una salida o no entregarán el arma», advirtió.
El gobierno aún no ha definido los incentivos para el canje de armas y realiza un sondeo por internet con algunas propuestas, como entradas a juegos deportivos, financiamiento de estudios o computadores.
En Brasil se cambiaban pistolas por dinero y en Centroamérica por becas de estudio o formación en oficios, expuso Luz.
A su juicio, la solución debe incluir programas de prevención, además de reformas en la policía, justicia y sistema penitenciario. «En Venezuela la gente tiene armas porque hay un sistema de seguridad ineficiente», consideró.
«Si la población tiene la sensación de que la ley no se aplicará, ¿para qué va a entregar el arma? En Brasil las que se recolectaban eran inutilizadas inmediatamente frente a la persona», agrega, al argumentar que es necesario ganar la confianza del delincuente.
A sus 17 años, Ronny Guilarte dice haber cometido dos homicidios. «Tú sabes cómo es el gobierno, capaz uno les da la pistola y ellos se la venden a otro. El gobierno no está preparado para el desarme», opinó.
«Tumba» mantiene a Guilarte protegido de delincuentes que quieren cobrarle los asesinatos. Tolerado por la justicia, el joven estudia y pronto completará la secundaria. Aún así, confiesa, su pistola la tiene «bien guardada».
