El exmandatario cumple una condena de 25 años de prisión por la autoría mediata de 25 asesinatos y dos secuestros durante su Gobierno, y además tiene otras penas menores por delitos de corrupción
LIMA. La Procuraduría Anticorrupción de Perú pidió al encarcelado ex presidente Alberto Fujimori pagar una reparación civil equivalente a 71,4 millones de dólares en el proceso que se le sigue por supuestamente malversar fondos para sobornar a directivos de periódicos populares durante su Gobierno, se informó ayer.
El procurador anticorrupción, Julio Arbizu, dijo a la agencia oficial Andina que se hizo ese pedido ante la Cuarta Sala Penal Liquidadora, por el caso conocido en Perú como «diarios chicha».
Según Arbizu, en el proceso se determinará que fue Fujimori quien dio la orden de desviar 43,5 millones dólares de los recursos públicos de las Fuerzas Armadas para sobornar y comprar a directivos de los «diarios chicha», medios populares que lanzaron campañas de desprestigio contra los opositores a su Gobierno (1990-2000).
Pruebas
«Hay pruebas que permiten establecer claramente su responsabilidad en el delito de peculado, así lo han corroborado múltiples declaraciones de investigados, condenados y testigos del proceso que se siguió por este hecho en 2006, coinciden en afirmar que fue Fujimori quien dio la orden», indicó Arbizu.
Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por la autoría mediata de 25 asesinatos y dos secuestros durante su Gobierno, y además tiene otras penas menores por delitos de corrupción.
Indulto denegado
En junio pasado, el mandatario peruano, Ollanta Humala, denegó la solicitud de indulto humanitario a Fujimori, de 75 años, al tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales que evaluó el caso y señaló que el reo no presentaba una enfermedad terminal ni transtornos mentales graves.
La Fiscalía solicitó en marzo pasado una pena de ocho años de prisión y un pago de más de un millón de dólares de reparación civil contra Fujimori por el caso de los «diarios chicha», tras la ampliación de su extradición de Chile, país en el que permaneció desde 2005 hasta 2007, año en que llegó a Perú para que ser juzgado.
Agencias
