La directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Venezuela, Marienela Balbi, advirtió de que en este país se usa el sistema judicial para aplicar «mecanismos sutiles» que tienen como objetivo censurar y «asfixiar» a los medios de comunicación que mantienen una línea crítica hacia el Gobierno.
Balbi aseguró en una entrevista con Efe que hace dos años los periodistas de medios independientes de Venezuela sufrían agresiones físicas y amenazas directas para impedir la información, pero que en lo que va de 2013 lo que se ha visto es una tendencia a la apertura de procesos judiciales.
«Hemos estado viendo desde el inicio de 2013 como se empieza a usar los tribunales de justicia, la Fiscalía, las instituciones, para criminalizar, señalar y abrirles causas, incluso penales, a los periodistas», indicó Balbi.
IPYS presentó esta semana el informe «Procedimientos judiciales amenazan la expresión en Venezuela», con siete casos producidos en el último mes y otros de años anteriores en los que periodistas, medios de comunicación o dueños de empresas editoriales son sometidos a la lupa del sistema de justicia.
Balbi destaca «la medida de censura» al diario regional El Correo del Caroní, «uno de los casos más llamativos», dijo, pues este periódico hacía un seguimiento a un caso de corrupción en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco y la persona acusada ya estaba imputada judicialmente.
«Sin embargo el tribunal da la orden de censura de que los medios regionales no pueden publicar informaciones sobre este caso», comenta la directora del IPYS que considera una «contradicción» que el Gobierno diga que lucha contra la corrupción y las instituciones del Estado limiten la difusión de informaciones relacionadas.
«El Gobierno nunca va a reconocer que tiene problemas de libertad de expresión (…) no lo va a decir porque justamente se ampara en una legalidad, en una institucionalidad que se ha prestado para eso. La Fiscalía se presta para eso, los tribunales se prestan para eso y eso les da esa careta de legalidad a una cantidad de casos», apunta.
También destaca el caso del presidente del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, a quien la Fiscalía ordenó la congelación de sus cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes debido a una demanda civil interpuesta en su contra por otro particular.
La demanda contra Otero fue interpuesta por el exalcalde de Caracas Alfredo Peña por una supuesta deuda por el equivalente a unos 3,5 millones de dólares y la Fiscalía señaló que la medida ordenada contra el editor tiene que ver con que en esa transacción que se realizó a inicios de la década pasada «pudiera haber algún delito».
Balbi comenta sobre este hecho que la Fiscalía «está apelando a casos que están en los tribunales desde hace muchos años y los utiliza como herramienta para la presión contra los medios».
Recordó, asimismo, que el jueves pasado un tribunal venezolano con competencia en protección de niños y adolescentes impuso a El Nacional una multa por el equivalente al 1 % de sus ingresos brutos durante 2009 por publicar una foto en la que se veían numerosos cadáveres en la principal morgue de Caracas.
«Son mecanismos sutiles», dice Balbi y señala que «se ve», en estas medidas contra periodistas y medios «la falta de equilibrio entre lo que sería el supuesto delito que le están imputando y las penas que se están aplicando».
El informe del IPYS incluye además la citación a tribunales el mes pasado al periodista Nelson Bocaranda, conocido dentro y fuera del país por haber dado reportes no oficiales sobre la salud del fallecido presidente Hugo Chávez y a quien el Gobierno asoció a los hechos de violencia tras las elecciones del 14 de abril.
Otro «mecanismo sutil» que menciona la directora del IPYS es la aparición de «disposiciones legales» para aplicar censura a ciertos casos y puso como ejemplo las denuncias que surgieron a principios del 2012 sobre la contaminación masiva del agua potable, informaciones que se paralizaron tras una medida de la Fiscalía.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, solicitó entonces al tribunal de control «una medida cautelar» para exigir a los medios de comunicación que toda información relacionada con la contaminación del agua sea soportara en un informe técnico.
Balbi comentó que este caso es un ejemplo de «censura previa» sobre un tema de interés público, lo que «está en contra de la propia Constitución».
Reiteró así que «hay unas sutilezas» que no son fáciles de explicar y que van llevando a la autocensura, «espacios de silencio», con un periodismo «mucho más banal» en el que pocas veces se abordan «temas difíciles».
EFE
