El Gobierno Nacional investigará a las clínicas privadas del país que han restringido la atención médica a pacientes que tienen contratados con ellos la prestación del servicio, informó este jueves la ministra para la Salud, Isabel Iturria.
«Hay algunos establecimientos de salud que se han dedicado a decidir a quiénes les permiten o no la entrada a sus clínicas y eso no puede ser tolerado por el Estado venezolano. No puede ser que una clínica diga ‘si proviene de una póliza del sector público no lo acepto», dijo.
Durante una entrevista en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, la ministra Iturria comentó que ya tienen identificados los centros de salud que han impedido el acceso al servicio, dadas las denuncias de los mismos trabajadores y usuarios que han acudido a estas clínicas.
Agregó que es un grupo minoritario de centros asistenciales que están realizando esta práctica y «el Estado va actuar de manera muy sólida contra estas minoritarias clínicas privadas que le están negando el acceso a la salud a personas que tienen contratados con ellos la prestación del servicio».
También, la ministra para la Salud mencionó que las clínicas no muestran al público las tarifas por hospitalización, consulta o costo de los exámenes médicos.
«La persona tiene derecho a saber cuánto le van a cobrar cada día de hospitalización, consulta y eso no puede ser oculto en una caja negra que sólo se sabe al momento del pago de la factura», expresó.
Consideró que los centros asistenciales privados no pueden llevar a extremos especulativos los costos por la prestación del servicio. Es por ello que la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) se encuentra en un proceso de revisión de las clínicas del país.
Al respecto, la ministra comentó que la Sundecop está haciendo la revisión de la información que fue cargada desde las clínicas hasta el 26 de julio pasado, de acuerdo con lo que mandó la providencia administrativa en ese respecto.
Sostuvo que las clínicas privadas deben respetar el derecho a la vida de los venezolanos, más allá de ver la salud como una mercancía, lo cual va en contra de lo establecido en la Constitución.
«Tiene que haber respeto por las normas, por las personas que acuden a ese servicio a recibir atención que, además, es pagada, no es un obsequio, no es una dádiva sino que son servicios contratados», agregó.
