“Para hablar de combate a la corrupción hay que tener solvencia moral y el gobierno no la posee”, así resume la diputada de la Asamblea Nacional, Nora Bracho, la intención de Nicolás Maduro de realizar un debate en cadena para discutir sobre las acusaciones a la oposición por presuntos delitos en contra del patrimonio público.
Bracho afirma que la diatriba no se trata de “saber quién es más corrupto”, sino de investigar todas las denuncias que hay en contra de militantes del oficialismo, pero que se encuentran “enmarañadas en la fiscalía”, sin ni siquiera revisarse: “Lo que pasa es que los verdaderos malandros y ladrones están en el gobierno, pero el Ministerio Público y la Fiscal General son unos vendidos, son militantes del PSUV que, junto al TSJ, no levantan un dedo para salpicar a su gente”, asevera la legisladora, quien recuerda que en la Asamblea Nacional se encuentra engavetada desde hace dos años la reforma de la ley contra la corrupción.
La dirigente zuliana refiere a varios casos que se han denunciado ante las autoridades y, en muy pocas ocasiones, se ha llegado a citar al implicado para que rinda una declaración: “El maletín de Antonini Wilson, el audio de Mario Silva que menciona a 42 personas vinculadas al gobierno, el del magistrado Aponte Aponte quien realizó acusaciones muy serias, en PDVAL solo arrestaron a dos chivos expiatorios y dejaron a los peces gordos sin sanción, el dinero de los pensionados de PDVSA que se perdió, las redes de Walid Makled, los 44 mil millones de dólares del fondo chino, los trabajadores de la antigua CEMEX a quienes la esposa de Elías Jaua les hizo firmar un convenio de renuncia, luego los engañó y ya tienen 1.015 días protestando en una de las plantas, etc.”.
Y, en su tierra natal, Nora Bracho no puede olvidar los 17 expedientes con pruebas que se entregaron a la fiscalía sobre la gestión de Gian Carlo Di Martino en la alcaldía de Maracaibo, sin que se haya hecho una averiguación por alguno de ellos: “El antiguo alcalde vendió 90 camiones de basura a un amigo suyo, le pagaron con un cheque sin fondos y el dinero nunca entró al municipio, eso sin contar el negocio que hizo con los terrenos en donde se iba a construir el nuevo terminal de Maracaibo y ahora hay un hotel”, refiere.