La Municipalización de la Justicia, basada en la creación de Tribunales, Fiscalías y Defensas Públicas en las propias comunidades vulnerables, así como de Casas de Justicia para la articulación de estos organismos en cada zona, fue uno de los aspectos que resaltó el Tribunal Supremo de Justicia venezolano (TSJ) en el informe que presentó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.
El informe anual sobre las actuaciones del Poder Judicial en su lucha contra la discriminación racial y el trabajo del Gobierno Nacional para su erradicación fue presentado durante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que se celebró a mediados de agosto en la sede del organismo internacional.
Allí, el TSJ resaltó la importancia sobre los tribunales móviles, constituidos por unidades de transporte diseñadas para trasladar los tribunales hasta las comunidades más retiradas y vulnerables, donde se prestan diversos servicios jurídicos gratuitos. Esta instancia atendió entre 2010 y 2012 91.733 personas.
El magistrado suplente Luis Fernando Damiani Bustillos resaltó los esfuerzos que lleva adelante el Gobierno venezolano para promover nuevos procesos de formación ligados a la visión de una sociedad pluriétnica y multicultural, a un Estado democrático, social de Derecho y de Justicia, tal como el programa de Formación de Grado de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y la Especialización en Gestión Judicial de la Escuela de la Magistratura.
Asimismo, destacó la importancia para el Sistema de Justicia, de que estos programas educativos lleguen a las comunidades más pobres y de alta vulnerabilidad del país.
La percepción expresa del Comité de Expertos fue muy positiva sobre las políticas del Estado venezolano en la lucha por la inclusión desde un enfoque integral que tiene un impacto favorable en la eliminación de la discriminación racial.
Además, resultó de interés el trabajo del Sistema de Justicia de garantizar el acceso no sólo a una justicia gratuita sino a favorecer la presencia de los tribunales en las comunidades como una política que plantea un proceso de transformación en pro de la inclusión social y la garantía plena del acceso a la justicia.
