Sostiene el Artículo 5 de nuestra Constitución vigente que: «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos».
Si el pueblo es soberano, en consecuencia, ejerce el protagonismo delegando sus competencias en sus representantes políticos alrededor del Poder Público.
El Poder Público no es una entelequia, son las instituciones y sus funcionarios que cumplen con un mandato otorgado bajo las prerrogativas de la ley, y están sujetos a controles y límites. Y además, representan a sus electores por encima de la facción o partido, es decir, asumen una institucionalidad. No hay pueblo chavista ni pueblo opositor, hay un solo pueblo.
Una interpretación abusiva del «poder soberano» deviene en la defensa del totalitarismo, la exclusión y la dictadura de la mayoría. La voluntad popular no reside en los consejos comunales, ni en la milicia, ni en el Partido, ni en el TSJ y las instituciones partidizadas al servicio de una sola parcialidad política. La voluntad popular reside en el pueblo, y el pueblo venezolano somos todos.
Cuando los órganos del Poder Público son usurpados existe una derogación de la soberanía, un golpe de Estado a la institucionalidad y al contrato social originario. Es la apropiación indebida de la soberanía, de la voluntad general sujetada por unos pocos.
Rosa Luxemburgo llegó a señalar los abusos y desviaciones en los que Lenin y los soviets estaban incursionando: «La libertad sólo para quienes apoyan al gobierno, sólo para los miembros del partido, por numerosos que estos sean, no es de ninguna manera libertad. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para los que piensan distinto».
La soberanía en democracia es un concepto incluyente y no excluyente, es un concepto virtuoso y compartidoque se orienta por alcanzar el bienestar general. No hay soberanía plena para algunos y disminuida para otros como ocurre en la actual Venezuela.
Cuando los preceptos constitucionales son ultrajados por sus principales custodios estamos en presencia de una usurpación. Cuando se criminaliza a la disidencia y se persigue al opositor por pensar distinto al Gobierno, la soberanía se irrespeta. Cuando el origen que faculta la delegación de un mandato soberano, es fraudulento, estamos en presencia de la quiebra del Estado de Derecho y la negación de los preceptos democráticos.
Hoy en Venezuela urge recuperar la democracia y la soberanía popular bajo la impronta del diálogo y la justicia, y sobre todo, en un marco de tolerancia y respeto que tenga en la ley al supremo árbitro ante las naturales discrepancias. El interés público y soberano, de la sociedad y sus ciudadanos como un todo, por encima de las facciones y los grupos.
Ángel R. Lombardi Boscán
