En cualquier organización, bien sea el Psuv o Primero Justicia, puede haber gente involucrada en actos ilegales, pero no se puede inculpar a esas instituciones sino a personas en concreto
Las iniciativas tomadas por Nicolás Maduro en relación a la inseguridad, la corrupción y algunos cambios en materia económica, como el encuentro con los empresarios, se inscriben en las exigencias de rectificación que desde hace mucho tiempo viene realizando el país entero. Fueron formuladas en “las tres R”, pero nunca lograron concretarse. El hecho de que ahora sean retomadas debe ser valorado positivamente, porque de resultar efectivas beneficiarían a todos.
La política de “las tres R” surgió luego del revés electoral del chavismo en 2007. En el análisis realizado se llegó a la conclusión de que los malos resultados eran consecuencia de grandes carencias en varias áreas. La falta de eficiencia y el burocratismo perjudicaba tanto el interés nacional como la votación partidista. Siempre es así, la lucha política gira en torno a los temas concretos. En uno de ellos, el balance gubernamental ha sido francamente negativo: la corrupción. Un punto en el que el Gobierno ha estado a la defensiva ante el discurso de la oposición, por sus propios errores y omisiones.
La inclinación a incurrir en actos de corrupción está internalizada y es hasta un fenómeno cultural. Que gente del Gobierno, que está al mando en el inmenso tejido de ministerios, institutos y empresas del Estado esté involucrada, nadie lo duda. La “boliburguesía” es una realidad que no puede ser ignorada. Por otra parte, que gente de la oposición, en gobernaciones y alcaldías que detenta también lo esté, tampoco tiene porqué extrañar. Claro está, el Gobierno ha aprovechado políticamente esta última circunstancia para intentar emparejar en términos de la batalla por la opinión pública.
Ahora bien, en todo este asunto lo que más debe importar es la manera cómo la sociedad y sus instituciones salen fortalecidas de esta política de rectificación que se ha anunciado. Los obstáculos a vencer son la propensión a la impunidad, las solidaridades automáticas y el uso partidista de la ley del embudo. El código mítico, es decir los valores y principios que guían el comportamiento frente a los recursos públicos, es ampliamente compartido por los diferentes sectores de la sociedad. Pero el código práctico, el que se aplica en la vida real, debe sufrir ajustes, y los límites sobre lo que puede o no debe hacerse tienen que ser reformulados, porque se inicia una etapa de estrecheces económicas para la población y, en consecuencia, las élites no pueden continuar actuando de la misma manera como lo han venido haciendo hasta ahora.
Por otra parte, la lucha contra la corrupción puede quedar como una impostura si se utiliza para proscribir a algunos partidos o si simplemente se convierte en instrumento para saldar cuentas internas dentro del propio chavismo. En cualquier organización, bien sea el Psuv o Primero Justicia, puede haber gente involucrada en actos ilegales, pero no se puede inculpar a esas instituciones sino a personas en concreto. La lucha contra la corrupción tiene que partir de un rasero claramente establecido, que valga para todos, Gobierno y oposición, y para todas las tendencias internas del Psuv. El dedo debe apuntar hacia dónde es, o pierde credibilidad.
Leopoldo Puchi
