En la imagen de archivo, un colombiano sostiene un cartel en una manifestación en Bogotá, el 9 de abril de 2013.
«La magnitud del conflicto armado (…) muestra de entrada la imposibilidad de aplicar la justicia propia de tiempos de normalidad», afirmó en una entrevista el miércoles en la noche, en su despacho del centro de Bogotá, la ministra de Justicia Ruth Stella Correa
BOGOTÁ. Las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC no acarrearán impunidad y para eso Colombia tendrá que aplicar un sistema de penas alternativas para castigar los hechos de violencia que en medio siglo de conflicto armado han dejado más de 200.000 muertos, dijo la ministra de Justicia.
Ruth Stella Correa argumentó que ese sistema permitiría una transición para la reinserción de los rebeldes en la sociedad, una vez se haya logrado la firma de un acuerdo en el diálogo entre el Gobierno y las FARC desde hace nueve meses en La Habana.
«La magnitud del conflicto armado (…) muestra de entrada la imposibilidad de aplicar la justicia propia de tiempos de normalidad», afirmó en una entrevista con Reuters el miércoles en la noche, en su despacho del centro de Bogotá.
«Es necesario construir una justicia propia de etapas de transición, una justicia en la que además su aplicación va a depender de confesiones, sometimientos voluntarios, dejación de armas y sobre todo paz», explicó.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tienen unos 8.000 combatientes, iniciaron en Cuba en noviembre de 2012 una negociación de paz que busca poner fin al violento conflicto más extenso de la región.
La funcionaria, que asumió el cargo hace un año, tiene bajo su responsabilidad la construcción de un sistema que permita el abandono de las armas y la reincorporación a la vida civil de los integrantes de las FARC en caso de un acuerdo de paz.
Colombia tiene una ley que permite investigar, juzgar y sancionar a los máximos jefes de la guerrilla por delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, excluyendo a mandos medios y combatientes rasos comprometidos.
La norma también considera la posibilidad de aplicar penas alternativas a la cárcel, la suspensión condicional de la ejecución de la sanción y otras medidas extrajudiciales.
Correa mencionó como penas alternativas la prisión domiciliaria y el uso de brazaletes electrónicos, pero se abstuvo de precisar si éstas se aplicarán a la guerrilla.
El tema de la justicia, que es parte de la agenda de discusiones del proceso de paz, será uno de los más complejos de abordar por las partes que, hasta ahora, sólo han logrado un acuerdo sobre política de desarrollo agrario.
Algunos líderes de las FARC dijeron recientemente que la firma de un acuerdo de paz no debe ser la puerta de entrada a la cárcel para los líderes de la guerrilla.
• COMPROMISO DE
NO IMPUNIDAD
Si bien la mayoría de colombianos apoya la negociación, dudan de que se logre firmar pronto un acuerdo, mientras crecen los temores de que haya impunidad y que el Gobierno, en su afán de silenciar los fusiles, haga concesiones como permitir que los líderes rebeldes vayan al Congreso sin cumplir penas de cárcel.
«No habrá impunidad», dijo enfáticamente Correa, una abogada y exmagistrada.
El sistema de transición busca respetar a las víctimas, garantizar que tengan acceso a la verdad, a compensaciones, a la garantía de no repetición y sobre todo a la paz, aseguró.
También dejó claro que para establecer un sistema de justicia de transición sólido se están revisando los estándares internacionales e investigando las expectativas de la comunidad.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió previamente a Colombia de la imposibilidad de conceder amnistías a responsables de violaciones a los derechos humanos.
Tanto guerrilleros como efectivos de las Fuerzas Militares y de la Policía han cometido graves abusos y violaciones de los derechos humanos. Para ellos, la legislación penal internacional establece que no pueden recibir amnistías o indultos vistos como formas de impunidad que infringen las normas.
De acuerdo con algunos expertos, la plena reincorporación de los guerrilleros sin pasar por la cárcel dejaría expuesto al país y al proceso de paz a la Corte Penal Internacional.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó un mecanismo de justicia que implica el reconocimiento de los crímenes por parte de los responsables, actos de arrepentimiento y compensación.
Al respecto, la ministra dijo que Colombia respetará los estándares internacionales y que el sistema de justicia que eventualmente se ponga en funcionamiento con la guerrilla pasará todos los escrutinios y exámenes a los que sea sometido.
La justicia de transición
En Colombia se aplicó en 2005 un sistema de justicia de transición que permitió que más de 30.000 combatientes de los escuadrones paramilitares de ultraderecha entregaran las armas y se reintegraran a la vida civil.
En ese caso se pactó la confesión de los delitos, la entrega de bienes para indemnizar a las víctimas, un mínimo de ocho años de cárcel y el compromiso de no volver a incurrir en actividades criminales.
Serán los colombianos quienes decidirán el futuro de todo lo que se acuerde en la mesa de negociación con las FARC, enfatizó Correa, quien concluyó que «habrá acuerdo en la medida en el que pueblo lo avale».
Agencias
