Francia anunció este viernes que multará a Google hasta con 300.000 euros (402.180 dólares) por violar las normas sobre la privacidad de información.
El organismo francés que regula la tecnología de la información indicó que Google Inc. no ha respondido de forma satisfactoria a su decisión de junio que otorgó a la empresa tres meses para ser más franca sobre la información que recopila de los usuarios.
Los reguladores desean además que Google permita a los usuarios impedir que su información quede centralizada —por ejemplo, la información de búsquedas, de correo electrónico y YouTube queda almacenada en un solo lugar.
En una declaración difundida el viernes, la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia (CNIL), señaló que Google efectuó los cambios solicitados, incluyendo especificar a los usuarios para qué utiliza la información personal, y cuánto tiempo es almacenada. La CNIL subrayó que iniciará ahora gestiones oficiales para aplicar sanciones, un proceso que podría demorar meses.
«Nuestra política de privacidad respeta la ley europea y nos permite crear servicios más simples y efectivos. Hemos participado plenamente con la CNIL en este proceso y continuaremos haciéndolo», dijo el vocero de Google, Al Verney.
Ahora depende de Google decidir si las multas relativamente modestas son suficientes para que reorganice sus normas de privacidad. Europa es un gran mercado y uno en el que Google no tiene mayor competencia.
Sin embargo, la empresa tiene un problema de reputación en la protección de la privacidad de los usuarios. Las medidas del viernes presionan más a Google, aquejada ya por las críticas de facilitar información de los usuarios al gobierno estadounidense dentro de su campaña contra terroristas extranjeros.
La CNIL indicó que otros cinco países europeos adoptaron medidas similares en una ofensiva escalonada contra la política de privacidad de Google entre este momento y fines de julio.
El organismo agregó que no hizo caso mayormente de las recomendaciones anteriores dadas por los reguladores de la Unión Europea. Medidas similares están en marcha en España, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Holanda.
AP