En un continente con una larga historia de ataques generalizados o sistemáticos contra civiles que murieron o fueron exterminados, secuestrados, desaparecidos, torturados, desarraigados o padecieron violencia sexual, el castigo a esos y otros delitos supone una asignatura pendiente.
América Latina debe promover la justicia y evitar la venganza a la hora de procesar los crímenes de lesa humanidad y Colombia afronta el mayor desafío, al pretender transitar de un conflicto interno degradado a una paz sin impunidad, cuando el país se halla bajo la égida de la CPI, señalan analistas.
En un continente con una larga historia de ataques generalizados o sistemáticos contra civiles que murieron o fueron exterminados, secuestrados, desaparecidos, torturados, desarraigados o padecieron violencia sexual, el castigo a esos y otros delitos supone una asignatura pendiente, pese al esfuerzo de ciertos países por sancionar casos emblemáticos.
Desde las conductas punibles atribuidas a las dictaduras del Cono Sur de América, hasta los casos denunciados en México y América Central, pasando por los abusos en el Caribe y la zona andina, Latinoamérica debe reconciliarse y reconstruir el tejido social, acatando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y de la Corte Penal Internacional (CPI).
Según el Estatuto de Roma, que da vida jurídica a la CPI, los delitos de lesa humanidad no prescriben.
Aunque los casos de más repercusión mediática aluden a razones políticas o de seguridad nacional, los Estados de América Latina deben rendir cuentas por abusos cometidos contra comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, mujeres, sindicalistas, activistas de diversos ámbitos y grupos de distinta orientación sexual, entre otros colectivos, señalan los analistas.
Conflicto colombiano
Entre esos países, Colombia, que busca poner fin al conflicto de medio siglo con las guerrillas mediante una negociación política, afronta el desafío de aplicar una ‘justicia transicional’ que permita procesar sólo a los máximos responsables de los delitos graves, «sin incurrir en impunidad», esquema que ha sido cuestionado por la ONU y organismos humanitarios.
Tal posibilidad aparece en una enmienda constitucional conocida en Colombia como «Marco Jurídico para la Paz», defendida por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos como una herramienta eficaz para cimentar la reconciliación, instaurar la justicia, reparar a las víctimas y conocer la verdad, pese a las críticas en el país y el exterior.
El conflicto colombiano, en el que convergen las guerrillas, los paramilitares, agentes del Estado, narcotraficantes y otros actores violentos, dejó al menos 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 4.744.046 desplazados entre 1958 y 2012, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Pronunciamiento de la CIDH
La Corte IDH, con sede en Costa Rica, se ha pronunciado en contra de textos constitucionales de varios países de la región, al considerar que vulneraban los derechos humanos, por lo que la enmienda en Colombia no garantiza de momento que el sistema interamericano avale a futuro el «Marco para la Paz», dijo Caicedo.
El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero, señaló a Efe que, si bien hay que estar atentos a que los delitos no queden impunes, la salida negociada «es el mejor camino para garantizar la justicia, la verdad, la reparación a las víctimas y la vigencia de las garantías fundamentales» en Colombia. Agencias
Según los expertos
Para el experto en legislación penal internacional y derechos humanos Pablo Echeverri, Colombia encara un desafío triple: cumplir la jurisprudencia de la CorteIDH en materia de sanción a delitos de lesa humanidad, aplicar la justicia para evitar la intervención de la CPI y asegurarse de que los agentes del Estado implicados en conductas punibles no tengan «un trato preferencial».
