El Ministerio Público acusó a José Melitón Guerrero Contreras (53) y a Luis Roberto Suárez Bohórquez (38), quienes son gerentes de seguridad y operaciones del Centro Comercial Sambil-Barquisimeto, estado Lara, por presuntamente tener vinculación con los hechos violentos ocurridos en la capital larense el 16 de abril de este año, dos días después de conocerse el resultado de la elección presidencial.
La fiscal 5° de ese estado, Yurancy Arteaga, acusó a los dos gerentes por presuntamente incurrir en los delitos de intimidación pública e instigación a delinquir, previstos y sancionados en el Código Penal. En el escrito, la fiscal del caso solicitó al Tribunal 3° de Control de Lara, la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de Guerrero Contreras y Suárez Bohórquez, que se dictaran medidas cautelares consistentes en presentación cada cinco días ante dicha instancia y prohibición de participar en manifestaciones.
El día del hecho, los manifestantes, quienes rechazaban el resultado de la elección presidencial, lanzaron piedras y fuegos pirotécnicos contra una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana, logrando herir con un cohetón al sargento del referido componente, Junander Pinto Sánchez (26).
A través de la investigación y de videos, se pudo observar cómo los manifestantes, quienes obstruían el paso en ambos sentidos de las avenidas Bracamonte y Venezuela donde está ubicado el Sambil, tenían acceso al establecimiento comercial, a pesar de que éste se encontraba cerrado.
Las grabaciones muestran que por medio de una puerta, el grupo de manifestantes entraban al centro comercial y salían por otra de emergencia, situación que facilitaba la permanencia de personas dedicadas a alterar el orden público.
Igualmente, los efectivos castrenses que se hallaban en el lugar tratando de mediar para restablecer el orden, observaron cómo muchas de estas personas que se encontraban manifestaban se resguardaban en la parte interior del centro comercial.
Ambos gerentes fueron aprehendidos por funcionarios del Cicpc el pasado 27 de agosto, en la sede del Sambil, luego de una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público ante el mismo tribunal que acordó la privativa de libertad.
