Una decisión del Tribunal Constitucional abre una guerra racial entre dos Estados que niegan el derecho a la identidad de estos ciudadanos
PERTO PRÍNCIPE. Epifanía St. Chals nació en República Dominicana. Allí creció, se casó y ha sido madre de tres niñas. Para ella este es su país, no hay derecho a titubeos. Allí tiene su equipo de béisbol preferido, sabe cocinar los platos típicos, bailar la música que remueve los sentimientos nacionales y conoce los rincones de su ciudad. Por esto y por todo, ella es dominicana. Pero ahora el Estado ha conseguido interponer una razón única para arrebatarle la nacionalidad a Epifanía: sus padres nacieron en Haití.
El pasado 25 de septiembre, una sentencia del Tribunal Constitucional dictó que para ser reconocido como ciudadano dominicano es necesario demostrar que al menos uno de los padres tiene estatus legal dentro del país. “Mi padre llegó en 1963 y mi madre en 1970 desde Haití. Trabajaron toda su vida muy duro en las haciendas de caña, se dejaron la piel rindiendo el servicio, aquí nacimos todos los hermanos.
Hace unas semanas fui a presentar a mi hija recién nacida, y me dijeron que no podía hacerlo porque mi documento de identidad tenía que volver a ser validado. Te dicen en tu propia cara que no eres dominicano, y eso duele mucho porque nací aquí, y porque le están robando el derecho también a mis hijas”, explicó Epifanía. El abogado Nassef Perdomo consideró que la sentencia viola lo establecido en la Constitución Nacional, y que hace prevalecer una medida de carácter meramente administrativo. “Es una decisión que afecta a más de cuatro generaciones de descendientes de haitianos, de más de 250.000 personas que nacieron en este país y se les está negando el derecho a la identidad”, dijo Perdomo.
La medida niega la posibilidad a estos ciudadanos de conseguir su certificado de nacimiento, un documento que en República Dominicana es imprescindible para contraer matrimonio, estudiar, comenzar un negocio, tener permiso de conducir u obtener el pasaporte. Los afectados en la actualidad transitan por un terreno huérfano, bajo la fría calificación de apátridas.
Para el defensor de los Derechos Humanos, Francisco Henry, esta situación se mantendrá hasta que el Tribunal Constitucional rectifique su decisión, la Corte Interamericana dicte medidas provisionales de protección o mientras se realicen los procedimientos de reclamación de la nacionalidad haitiana, “lo cual es extremadamente complejo y materialmente casi imposible”.
Vivir en el limbo
José Aquino, magistrado del Registro Civil, descarta que los más de 250.000 afectados tengan un estatus de apátridas, por lo que argumenta que los dominicanos descendientes de haitianos pueden obtener la ciudadanía si logran probar que sus padres tienen un estatus legal.
Este limbo legal agrava la situación de las víctimas, quienes en su mayoría ahora se encuentran con que no tienen estatus legal en la República Dominicana, pero tampoco tienen todas las herramientas a disposición para probar que son ciudadanos haitianos. “Lo que quieren hacer es crear dos listas de registros, una en la que estarán incluidos los ciudadanos, y otra en la se registrarán a estas personas como extranjeros. Pero no es así, son dominicanos”, dice el abogado constitucionalista Perdomo.
El gobierno de Haití fijó su posición a través de la Cancillería que emitió un comunicado en el que dice que disiente en términos enérgicos de la decisión del Tribunal Constitucional, que anula la ciudadanía de hijos de migrantes haitianos en el país. «El Ministerio de Relaciones Internacionales lamenta profundamente que haitianos y sus descendientes dominicanos que han contribuido significativamente al actual progreso de la República Dominicana por su trabajo y sacrificio sean ahora tratados como extranjeros en tránsito”.
Reunión presidencial
Diferentes representantes de organizaciones de Derechos Humanos fueron recibidos por el presidente Danilo Medina, quien escuchó el testimonio de dominicanos afectados por la decisión de la Corte Constitucional.
El padre Mario Serrano, director de la organización Bonó estuvo allí. “Planteamos que como jefe de gobierno protegiera los derechos de los afectados. Le solicitamos dialogar con los demás poderes del Estado para detener la desnacionalización”, comentó.
El primer mandatario afirmó que aunque la decisión adoptada por el TC está apegada a la Constitución, no tiene conocimiento de que ese órgano tenga competencia para aplicar la ley de forma retroactiva, «porque la Carta Magna establece que ninguna ley tiene efecto de retroactividad salvo que beneficie a la persona». Además, se comprometió a iniciar un proceso de consultas hasta encontrar una solución. Agencias
Denuncia internacional
Las asociaciones de Derechos Humanos aseguran que la denuncia será elevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de conseguir un pronunciamiento que obligue al Estado dominicano a solucionar la situación que vulnera los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana. UNICEF advirtió que esta medida puede ocasionar consecuencias devastadoras. «Las disposiciones de la nueva sentencia pueden colocar a estos niños en riesgo de deportación, en violación de los principios articulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente los artículos 12 y 15».
