Ante la presentación del Presupuesto Fiscal de la Nación para el año 2014, por el ministro de Finanzas, Nelson Merentes, la Mesa de la Unidad Democrática a través de un trabajo realizado por el equipo del Área Económica, fija posición al respecto bajo las siguientes consideraciones y análisis:
De nuevo comparece el ministro de Finanzas ante la Asamblea Nacional con el objeto de presentar los lineamientos de la política fiscal para el año 2014. El presupuesto nacional de ingresos y gastos debería constituir la referencia fundamental para la política económica. Sin embargo, en Venezuela el presupuesto se ha desvirtuado y dejó de ser un referente válido para el proceso de formulación y aplicación de las políticas públicas.
Previo a cualquier consideración sobre el proyecto de Ley de Presupuesto de 2014, es fundamental revisar las premisas sobre las cuales se formuló el presupuesto de 2013 y su comparación con los datos reales de la economía, los cuales se exponen en el cuadro siguiente.
Como puede apreciarse de la información suministrada, ninguna de las premisas se validó. Todo lo contrario, hubo un incumplimiento de todas las metas presupuestaria y actualmente la economía se encuentra literalmente a la deriva, sin una orientación clara acerca de hacia dónde se dirige la actividad económica al faltar lineamientos claros que tracen un rumbo preciso conforme a un plan de desarrollo nacional.
Una evaluación de los principios esenciales de la Ley de Presupuesto de 2014 indica que si se cumpliese su principal supuesto, referido al precio de US$ 60 por barril de petróleo, vendría una catástrofe económica social en Venezuela. Si en términos promedios, durante 2013 el precio del barril del petróleo se ha mantenido entorno a los US$ 100,0 y con todo y ello se vive una aguda crisis económica signada por alta inflación, escasez y una caída significativa de las reservas internacionales del BCV, de más de US$ 8.000 millones, habrá que imaginar que con 40,0% menos de ingresos en divisa, la inflación se desbocaría, las reservas del BCV se extinguirían y vendría una secuencia de macrodevaluaciones del bolívar. Por tanto, todo esto constituye una prueba irrefutable de lo irreal de este ejercicio presupuestario.
La subestimación del precio del petróleo tiene como objeto negarle ingresos fiscales a las gobernaciones y alcaldías con la ya consecutiva práctica de disminuir los ingresos ordinarios y de esa forma rebajar los recursos por concepto de situado constitucional que legalmente le corresponden a los entes regionales.
Otra premisa del presupuesto presentado es el relativo a la tasa de cambio. Como ya es conocido en 2013 el gobierno estimó la tasa de cambio en Bs./US$ 4,30 y el 8 de febrero aplicó una devaluación de 46,0%. En 2014, sucederá algo similar, se ha previsto en el presupuesto que el tipo de cambio permanecerá en Bs./US$ 6,30 a pesar de que es obvio que ese tipo de cambio es insostenible y que es inevitable habrá una devaluación del bolívar durante 2014.
Pero no se trata de cualquier devaluación la que se materializará en 2014. Los desajustes de las cuentas fiscales indican que la desvalorización del bolívar en 2014 excedería al 50,0% con lo cual la tasa de cambio se situaría en Bs./US$ 10,0 o más para de esa forma tratar el Ejecutivo de enjugar el déficit fiscal, extrayendo recursos del bolsillo de los venezolanos.
En cuanto a la tasa de inflación, se espera que 2013 cierre con un índice de inflación de aproximadamente 50,0%. Con una devaluación como la que se anticipa, caída en los niveles de producción de alimentos y la continuación del financiamiento monetario por parte del BCV para financiar el déficit fiscal, es claro que la meta de inflación cifrada entre 26,0% y 28,0% luce francamente subestimada, en la medida en que la economía ha entrado en un círculo vicioso de inflación-devaluación-
inflación. Con niveles de inflación como el comentado las remuneraciones de los trabajadores van a experimentar una caída similar al 10,0% que se ha observado durante 2013. Con una devaluación en el entorno del 50,0% o más es muy probable que ello tenga un efecto contractivo sobre la actividad económica. Así, plantearse una tasa de crecimiento del PIB entre 4,0% y 6,0% no solamente luce irreal sino también irresponsable.
