La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este lunes a Estados Unidos implementar mecanismos que regulen su programa de vigilancia de las comunicaciones, en vista de las denuncias sobre el masivo espionaje a ciudadanos y gobiernos.
«Tiene que avanzarse hacia un mecanismo que, asumiendo la legitimidad de las labores de seguridad de los Estados, no resulte invasivo de los derechos de las personas», dijo el comisionado Felipe González en la apertura del 149º periodo de audiencias de la CIDH en Washington.
Diversas organizaciones denunciaron el programa de espionaje de las comunicaciones de Washington, revelado por el exanalista de inteligencia Edward Snowden, mientras que los representantes estadounidenses alegaron que el reciente cierre temporal del gobierno les impidió preparar sus respuestas.
Según González, el amplio espectro del programa de espionaje llevado adelante por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) dificulta una adecuada supervisión y control por parte de las autoridades legislativas y judiciales.
«Hay una ausencia de ‘check and balances’ (revisiones y equilibrios) que funcionen adecuadamente», señaló.
Por su parte, el comisionado Rodrigo Escobar advirtió que la atribución de seguridad nacional de los Estados «no puede ser un poder absoluto» y «tiene que estar sometida a unos límites, unas reglas y unos procedimientos».
Las revelaciones de Snowden han provocado graves dolores de cabeza al gobierno de Estados Unidos, especialmente luego de las denuncias sobre interceptaciones a las comunicaciones de los presidentes de Brasil y México, y más recientemente de la canciller alemana, Angela Merkel.
Las organizaciones presentes en la audiencia expresaron especial preocupación por el carácter masivo e indiscriminado del espionaje, que abarcarían no solo a gobiernos extranjeros, sino a millones de ciudadanos estadounidenses y de otros países.
«Si todos los países realizaran una vigilancia tan irrestricta como la NSA, pronto viviríamos en un mundo de monitoreo generalizado.(…). No habría refugio para los disidentes, periodistas y activistas de derechos humanos del mundo», señaló Alex Abdo, abogado de American Civil Liberties Union.
Peligros para la libertad de prensa
Frank La Rue, relator especial de la ONU sobre libertad de expresión, alertó durante la audiencia sobre el peligro de que se imponga una censura contra periodistas, denunciantes o defensores de derechos humanos si no se regulan los mecanismos de vigilancia.
«Si permitimos que esto pase, inevitablemente se convertirá en un sistema abusivo donde el poder le será impuesto a las personas y las opiniones de disidencia y críticas serán silenciadas», dijo La Rue.
La representante de Open Society Justice Initiative, Emi Mcclean, denunció que el gobierno estadounidense ha usado una ley contra espionaje, que data de la Primera Guerra Mundial, para acusar a periodistas o funcionarios por revelar casos de violación de los derechos humanos o crímenes de guerra.
«Estados Unidos está persiguiendo de manera agresiva a los filtradores como (si fueran) espías y minando la libertad de prensa en el proceso», dijo Mcclean.
Como en las otras audiencias en las que participó este lunes, la representación de Estados Unidos ante la CIDH alegó que no tuvo pudo preparar las respuestas a los planteos debido al cierre administrativo de parte del gobierno entre el 1º y el 16 de octubre.
El representante adjunto de Estados Unidos ante la CIDH, Lawrence Gumbiner, prometió sin embargo ofrecer una respuesta por escrito en un plazo de 30 días.
Hasta el viernes 1º de noviembre, la CIDH, órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizará 52 audiencias -de 217 solicitadas- para evaluar la situación de los derechos humanos en las Américas.
AFP
