La Justicia venezolana rechazó el pedido de libertad plena para la jueza María Lourdes Afiuni, procesada por la supuesta liberación irregular de un empresario en 2009, y cuyo juicio se suspendió la semana pasada, dijo hoy su abogado, José Amalio Graterol.
«La juez negó la libertad plena», afirmó a Efe Graterol, al recordar que el día 23 solicitó el levantamiento de las limitaciones legales de Afiuni, quien se encuentra en libertad condicional desde junio pero debe presentarse regularmente ante la justicia y tiene prohibido salir del país sin permiso judicial, además de hablar con medios de comunicación y escribir en redes sociales.
De acuerdo con el abogado, la jueza de la causa, Marilda Ríos, argumentó para negar el pedido que aún no han transcurrido cuatro años desde la apertura del proceso contra Afiuni, un plazo que establece la ley venezolana para pedir la libertad de un acusado y que en el caso de la jueza se cumple el 10 de diciembre próximo.
«Vamos a apelar esa decisión, porque es una decisión incongruente, ella (la jueza de la causa) está decidiendo algo distinto a lo que se solicitó», dijo Graterol.
El abogado afirmó que al pedir la liberación de Afiuni no se amparó en el plazo legal de cuatro años, sino que argumentó que es «ilógico» que su libertad continúe restringida luego de que supuestamente los fiscales de la causa abandonaron el caso al no presentarse a la última audiencia del juicio en su contra.
Afiuni consiguió al menos una flexibilización en las condiciones de su libertad condicional, ya que ahora deberá presentarse ante el tribunal de la causa cada 30 días y no cada 15, señaló Graterol, que denunció trabas por parte del tribunal para acceder al expediente.
El resto de las restricciones, como escribir en su cuenta de Twitter, se mantienen sin cambios.
La jueza se sometió a una operación por un tumor en una de sus axilas hace dos semanas y «hasta el momento se siente bien, se está recuperando», dijo su abogado.
Afiuni obtuvo la libertad condicional tras pasar más de tres años y medio detenida, dos de ellos en régimen de prisión domiciliaria, por la supuesta liberación irregular del banquero Eligio Cedeño, que llevaba tres años detenido sin juicio acusado de efectuar operaciones cambiarias ilegales.
Tras la liberación de Cedeño, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, pidió la «pena máxima» para la magistrada al asegurar que se había confabulado con la defensa y los funcionarios del juzgado para dejar en libertad al empresario sin informar a la Fiscalía.
La defensa de Afiuni, considerada por la oposición venezolana como una «presa política», ha acusado a los jueces y fiscales de la causa de no ser imparciales y de servir a los intereses del chavismo.
El juicio contra Afiuni, iniciado en diciembre del año pasado, sufrió un nuevo traspié la semana pasada, cuando según Graterol quedó anulado por el vencimiento de un plazo judicial.
Sin embargo, el abogado indicó que la jueza de la causa no asentó formalmente la anulación del juicio en el expediente, un hecho que consideró irregular.
La magistrada aseguró en un libro sobre su caso haber sido violada en prisión y denunció un deterioro de su salud producto de su tiempo en la cárcel, sin embargo cuando la Fiscalía la emplazó a presentar la denuncia para comenzar la investigación ésta se negó a hacerlo.
EFE
