El Tribunal Supremo de Justicia declaró admisible abrir un juicio para retirarle la inmunidad a una diputada disidente y poder investigarla por presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero.
El máximo tribunal anunció el miércoles, en un comunicado, que la Sala Plena aprobó la solicitud que realizó el 31 de octubre la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, sobre la diputada María Mercedes Aranguren en un caso que data de 2008.
La Sala Plena determinó «que hay mérito para el enjuiciamiento de la referida parlamentaria» y «ordenó notificar a la Asamblea Nacional… sobre la presente sentencia, a los fines de que ese órgano legislativo delibere sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria», indicó el escrito.
La Constitución otorga inmunidad a los funcionarios electos por votación popular, y establece que para poderlos someter a un proceso judicial el Tribunal Supremo de Justicia debe autorizar el retiro de la protección legal. El legislativo además debe estudiar el caso para luego aprobar una desincorporación temporal de su cargo y se pueda adelantar la indagación.
Aranguren formó parte de un movimiento dirigido por el ahora ex gobernador del estado Monagos, José Briceño, que en 2012 rompió con el oficialismo por diferencias con los dirigentes oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y ambos se pasaron a la oposición.
La oposición acusa a la Fiscalía de querer causar una inhabilitación en las funciones de Aranguren para lograr que su suplente oficialista asuma el cargo y así la bancada de gobierno alcance los 99 votos que requiere para aprobar una ley especial que le daría al presidente Nicolás Maduro poderes para legislar de manera extraordinaria por un año.
Maduro presentó el 8 de octubre a la Asamblea Nacional, integrada por 165 diputados, una solicitud para una ley habilitante para legislar en diversas áreas. El mandatario ha señalado que, de aprobar la Asamblea esa ley especial, la utilizaría para emitir regulaciones para combatir la corrupción y lo que ha denominado la «guerra económica» que, según el mandatario, empresarios y otras personas han desatado para desestabilizar su gobierno.
Los 67 diputados opositores se han negado a respaldar la ley habilitante porque dicen que si se aplica las leyes actuales se puede combatir la corrupción, y que el Congreso no puede ceder al Ejecutivo su función básica de legislar.
La diputada Aranguren ha catalogado el proceso en su contra como «una parte más del show para acelerar la aprobación de la Habilitante… lo que realmente les ocupa que es tener al diputado 99». Denunció que por eso caso «nunca me citaron», pero ahora fue reactivado «casualmente ante la Habilitante».
La oposición ha señalado que el oficialismo utiliza la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia para perseguir a los sectores disidentes del gobierno y golpearlos de cara a las elecciones de alcaldes y concejales previstas para el 8 de diciembre. Maduro y sus más cercanos colaboradores rechazan esas acusaciones.
