«Aprobado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputa María Mercedes Aranguren», dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, luego de que la mayoría chavista votara a favor del desafuero; e inmediatamente después la legisladora abandonó el plenario.
Aranguren, electa por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y quien se pasó a la oposición, está acusada de corrupción y su escaño será asumido por su suplente Carlos Flores, considerado por el oficialismo como un «chavista».
Al gobierno le falta un voto para alcanzar los tres quintos de la Asamblea Nacional -99 votos- que requiere la Constitución para aprobar la llamada «ley habilitante», solicitada por Maduro el 15 de octubre y que le permitirá gobernar por decreto durante un año.
Flores declaró en septiembre a la prensa venezolana que «apoyaría» la iniciativa, mientras Cabello, segundo al mando del PSUV, aseguró que Aranguren «fue electa con los votos del chavismo y su suplente es chavista» y que la ley habilitante será aprobada esta semana.
«El voto 99»
La semana pasada, y basado en denuncias de 2008, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resolvió que hay méritos para enjuiciar a Aranguren por presunto peculado, asociación para delinquir y legitimación de capitales, y pidió al Legislativo que le retire el fuero a fin de que sea procesada.
En cinco minutos que tuvo durante la sesión parlamentaria para defenderse, Aranguren afirmó que «son falsas» las acusaciones en su contra y estimó que «obviamente esto es una retaliación política». «Tengo las pruebas de que no tengo un centavo que haya pertenecido al pueblo venezolano», agregó.
Esta sanción a la legisladora busca «entregarle en bandeja de plata el voto 99» a Maduro para «resolver entre comillas los problemas del pueblo», afirmó el legislador opositor Jesús Domínguez.
Pero el chavista Pedro Carreño, quien encabezó la investigación parlamentaria por este caso, afirmó que la diputada «tiene responsabilidad directa» en la asignación «irregular» de unos 4,6 millones de dólares para varias obras a empresarios cuando ejerció cargos públicos en el estado Monagas (noreste).
La oposición ha denunciado «presiones» del gobierno para aprobar la solicitud de «superpoderes» de Maduro, quien asegura que usará el mecanismo para impulsar su cruzada anticorrupción y combatir una supuesta «guerra económica» contra su gobierno.
En declaraciones a la prensa este martes, el líder opositor, Henrique Capriles, había anticipado que lo que se vería en la Asamblea sería «un fraude a los venezolanos. Así no se discuten las leyes del país», acotó.
Venezolanos colman las tiendas
El trámite legislativo coincide con un recalentamiento de la inflación, que ya supera el 54% anual, y mientras Venezuela se prepara para las elecciones municipales del 8 de diciembre, consideradas como un test para Maduro, quien asumió en abril luego de ganar ajustadamente ante Capriles unas elecciones anticipadas tras la muerte de Hugo Chávez.
Maduro insiste desde hace semanas en la necesidad de obtener los superpoderes para una serie de medidas, entre las cuales ahora incluyó márgenes máximos a las ganancias de los empresarios y endurecer las sanciones contra los especuladores.
El gobierno lanzó estos días además una campaña de fiscalización de precios, que incluye rebajas compulsivas en los casos que se considere que hubo aumentos irregulares.
Desde el fin de semana decenas de miles se agolpan a diario en tiendas de electrodomésticos, custodiadas por militares, para aprovechar las rebajas ordenadas por el gobierno en plena época prenavideña y electoral, y mientras los trabajadores asalariados ya comenzaron a cobrar sus bonos anuales, que pueden representar tres, cuatro y hasta diez salarios.
En esos comercios la gente espera su turno para entrar, en grupos de cinco o de 10, mientras del interior otros van saliendo con televisores, microondas, dvds, entre otros artículos comprados a mitad de precio, constató la AFP.
Maduro, quien viene denunciando que el alza de precios es parte de la «guerra económica», anticipó que a las rebajas de electrodomésticos seguirán otras para los productos típicos de la canasta navideña.
Todos los presidentes venezolanos han tenido poderes especiales en los últimos 40 años, entre ellos Hugo Chávez, quien emitió más de 200 leyes con estos superpoderes en 2000, 2001, 2008 y 2010.
AFP
