El Ministerio Público solicitó este lunes a Interpol emitir una alerta roja para la localización y captura de José Gregorio Briceño, exgobernador de Monagas.
«El Ministerio Público solicitó a la Policía Internacional (Interpol) incorporar en su base de datos con alerta roja al exgobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño, por presuntos hechos de corrupción durante su gestión en el año 2008», informó en un comunicado.
El Ministerio presentó a la Interpol «una orden de aprehensión» emitida por un tribunal de Monagas para ser investigado por los delitos de «peculado doloso propio, legitimación de capitales, malversación de fondos y asociación para delinquir», añade la nota de prensa.
El exgoberador podría encontrarse en Costa Rica, desde donde ha hecho declaraciones a la prensa en los últimos días.
Briceño, quien fue gobernador de Monagas durante dos periodos consecutivos (2004-2008), fue suspendido del gobernante Partido Socialista Unidos de Venezuela en 2012 luego de una polémica desatada por un derrame en instalaciones petroleras.
El exchavista, que consideró que su expulsión del oficialismo fue una «venganza», es señalado de estar involucrado en la malversación de fondos públicos a través de una empresa inmobiliaria que, según el Ministerio Público, creó por decreto en 2008 en Monagas.
Briceño está relacionado políticamente con María Mercedes Aranguren, exchavista convertida a la oposición que tuvo que dejar su escaño en la Asamblea Nacional para ser investigada en el marco de este mismo caso.
El escaño de Aranguren fue ocupado por un legislador que dio el voto definitivo que necesitaba el oficialismo para reunir los 99 legisladores necesarios para aprobar, la semana pasada, la ley habililitante que le da al presidente Nicolás Maduro poderes especiales para gobernar durante un año por decreto en materia económica y de lucha contra la corrupción.
La oposición ha criticado el caso de Aranguren por considerar que se utilizó a la justicia con fines políticos en la antesala de las elecciones locales del 8 de diciembre, lo que ha sido negado por el gobierno y la fiscalía general.
