A punto de cumplir 15 años en el poder, a la autodenominada revolución bolivariana se le hace cada vez más difícil compartir el país. El presidente Nicolás Maduro viene enviando señales inequívocas de ello desde la noche del domingo, al cierre de las elecciones municipales que ese día se celebraron en Venezuela.
Sin apenas dar tregua, el mandatario definió varias condiciones que los nuevos alcaldes electos por el voto popular de entre las filas de oposición -77 de un total de 335 municipios en liza- deberán cumplir para contar con la colaboración del Gobierno central. De no hacerlo, no solo se quedarán sin recursos, sino que, según juró Maduro, “yo los mandaré al ostracismo de la historia”.
Pero en algunos casos, el sucesor de Hugo Chávez ni siquiera ha esperado para conocer la disposición de los interpelados para adecuarse a esos parámetros.
Son casos como los de la Alcaldía Mayor de Caracas, obtenida por el reelecto Antonio Ledezma, opositor de tendencia socialdemócrata; y de Carlos Ocariz, también ratificado en la alcaldía del municipio Sucre – al este de la capital venezolana – y parte del partido Primero Justicia (centroderecha). Para ambos funcionarios, Maduro ha nombrado un avatar que rivalizará con los alcaldes en funciones por el control de los recursos. Y en ambos casos, además, los designados a dedo han sido los candidatos chavistas que perdieron las votaciones en sus respectivas jurisdicciones.
El periodista y exministro de Comunicación e Información Ernesto Villegas, derrotado por Ledezma el domingo, quedó al frente del Ministerio para la Transformación de Caracas, un despacho “a la carta” creado por el fallecido Hugo Chávez en 2010. Mientras tanto, el exjugador de béisbol profesional y cantante de reggaetón, Antonio El Potro Álvarez, que el domingo cayó ante Ocariz, será designado como “Protector de Petare”, en referencia al principal barrio del municipio Sucre.
“Ya anunciaré los planes que tenemos con El Potro para seguir protegiendo al pueblo de Petare. ¡Felicitaciones por el trabajo!», adelantó Maduro en su cuenta de Twitter, apenas antes de anunciar la noche del lunes el nombramiento de Villegas, de quien el presidente venezolano encomió su trabajo como candidato y su potencial “de nuevo líder para la Gran Caracas, por eso lo he nombrado ministro”.
Aunque contrario a la voluntad popular, el ardid no es nuevo. Sigue el modelo ya impuesto por el comandante Chávez, quien en 2009 – tras la primera victoria de Antonio Ledezma como Alcalde Mayor de Caracas – creó una instancia, el Gobierno del Distrito Capital, a cargo desde entonces de Jacqueline Farías, exministra y dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Otro antecedente fue la habilitación de la figura de Protector del Estado de Miranda, confiada por Maduro al actual canciller, Elías Jaua, después de que el dirigente opositor Henrique Capriles resultara reelecto como gobernador de esa provincia en las elecciones regionales de diciembre de 2012.
Se trata de organizaciones ad hoc que reciben fondos del Gobierno y ofrecen una vitrina semiinstitucional para que, quienes las encabecen, aparezcan como patrocinadores de obras públicas y continúen en una virtual campaña electoral indefinida.
Fuentes cercanas al chavismo anticipan que figuras similares podrían ser oficializadas en los próximos días para algunas plazas valiosas que la oposición obtuvo en las elecciones municipales, como Maracaibo – la segunda ciudad del país – o Barinas, terruño de la familia Chávez.
Pero Maduro advirtió a todos los alcaldes opositores que solo trabajará con aquellos que, en primer lugar, lo reconozcan explícitamente como presidente de la República y, en segundo lugar, acuerden aplicar en sus ámbitos municipales el llamado Plan de la Patria, el programa de acción que Hugo Chávez usó para su campaña presidencial –la última que protagonizó- para las elecciones de octubre de 2012.
El primer requisito busca escindir las filas opositoras. En abril de 2013, el candidato opositor Capriles Radonski se negó a reconocer el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales donde se votó al sucesor de Chávez. La impugnación de ese resultado, que recorrió todas las instancias de la justicia local y actualmente cursa ante el sistema interamericano, sigue vigente. Pedir que se reconozca de manera abierta al presidente -“el primero chavista y obrero”, como a Maduro le gusta definirse- equivale a exigir a los alcaldes la renuncia a este punto de honor de la oposición.
La Asamblea Nacional, dominada por los diputados del oficialismo, forzó la semana pasada la declaración del Plan de la Patria como ley de la república, que se publicó en la Gaceta Oficial del 4 de diciembre. Sin embargo, persiste la controversia acerca de la fuerza de ley –y su consecuente obligatoriedad- que pudiera haber alcanzado el programa electoral de Chávez, habida cuenta de que el Parlamento no lo trató con el protocolo correspondiente a los proyectos de ley, sino como un acuerdo de la plenaria.
“No podemos aceptar que Maduro diga que sólo va a reconocer y articularse con los alcaldes que acepten la aplicación del Plan de la Patria”, protestó la diputada opositora y antigua precandidata presidencial, María Corina Machado. “No se pueden poner condiciones para hablar con los alcaldes. Ya está bueno que cuando se refieran a nosotros sea para insultarnos. Casi medio país votó por nuestros candidatos”, dijo, por su parte, el coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo.
